El conflicto armado en Colombia le ha hecho al país inconmensurables daños. Son muchos los dolores causados, y se puede decir que ninguno tan hondo como el que han dejado los 135 mil 396 desaparecidos hasta el 2016, año de la firma del acuerdo de paz con las Farc. Pero la cifra a hoy es mucho más alta, porque el conflicto no para ni ha dejado de socavar la moral de las familias que son las que siguen cargando con la pena de no saber si sus seres queridos que desaparecieron hace ya varios años siguen vivos o murieron.
Por ello es que su búsqueda no se detiene, bien sea para encontrar un cuerpo vital y retornarlo al núcleo familiar, o los restos para iniciar el proceso de identificación, que puede demorar hasta 12 meses, y además elaborar y concluir el duelo. Esta ha sido una labor de miles; silenciosa, solitaria, costosa, demandante para quienes se resisten a dejar en el olvido a sus familiares así no encuentren rastro alguno. Es un dolor que se prolonga en el tiempo y su objetivo es insistir hasta el final. Todas estas consideraciones llevan a preguntarse por qué el Gobierno nacional decidió recortar en un 26,9% el presupuesto para este año a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que es la compañera de lucha de las familias buscadoras y es un derecho como colombianos.
Así se evidenció en el especial periodístico que publicamos el pasado martes, dejando ver que la UBPD como entidad humanitaria extrajudicial, que actúa sin que se requiera que la Fiscalía tenga abierto o cerrado un proceso investigativo, tendrá para este 2026 un presupuesto igual al de hace cuatro años: $76.273 millones, dejándola sin las herramientas suficientes y necesarias para seguir apoyando a estas familias. Pueda ser que no represente tener que recortar personal operativo de dicha Unidad ni los desplazamientos que demanda la búsqueda de personas por el territorio nacional. Que esta sea una labor humanitaria no significa que en lo público tenga que ocupar puestos de quinta categoría.
Como está la seguridad nacional, debería ser una inversión prioritaria el presupuesto de la UBPD, si es que se estuviera pensando en los colombianos víctimas del conflicto armado, sobre los que deberían estar concentradas acciones de asistencia, atención, reparación y no repetición. Sin embargo, son gestiones que muchas veces se dejan a medias mientras las familias, en su mayoría adultos mayores y mujeres cabeza de hogar, siguen padeciendo en la búsqueda de sus desaparecidos. Se calcula que son 44 mil 174 personas buscadoras en todo el país.

En Caldas se reportan 1.154 desaparecidos, que lo ubican como el décimo departamento con influencia de esta situación. Ello ha llevado, por fortuna, a tener dos oficinas de la UBPD, una en Manizales funcionando desde abril del año pasado y que ha recibido 554 solicitudes de búsqueda, y otra en La Dorada que atiende a todos los municipios del oriente. Todo esfuerzo que se haga por esta población será poco, considerando que no se puede caer en revictimización porque ahondaría más el problema. Hay que promover respuestas y entregas dignas a los buscadores y para ello, necesariamente, se necesitan recursos.