Mientras hay un alto número de casos que necesita resolver la Rama Judicial y que la justicia llegue a todos por igual, la figura de los Jueces de Paz y de Reconsideración, creada por la Ley 497 del 10 de febrero de 1999 (hace 26 años) para la solución integral y pacífica de conflictos comunitarios o particulares, sigue estancada y sin aplicarse. Es el caso de Manizales, que lleva 15 años (desde el 2010) sin elegir jueces de paz en cada una de las 12 comunas y los 7 corregimientos, además de 2 jueces de reconsideración para el municipio que diriman en segunda instancia, que descongestionarían la justicia y servirían como prevención de conflictos y violencias.
La historia de estos jueces en la ciudad no ha sido grata. Deben ser nombrados por los ciudadanos en elección popular, pero la primera votación en septiembre del 2001 tuvo una alta deserción de electos porque, entre otros motivos, no contaban con formación y herramientas suficientes para su ejercicio, que es ad honorem; también hubo jueces que llegaron apoyados por partidos políticos, desvirtuando el objeto de su función, y algunos se tomaron la atribución, contra la Ley, de cobrar por los servicios y tuvieron que ser investigados.
Según la Ley 497, en julio del 2006 se debía hacer una segunda elección en Manizales, pero el Municipio no la convocó debido al poco éxito y al bajo interés institucional (Alcaldía, Concejo y Personería); sin embargo, en el 2010 se solicitó por medio de una acción de cumplimiento una nueva elección, pero sin resultados. Por ello, ahora que la Personería de Manizales radicó un proyecto de acuerdo en el Concejo para convocar el 19 de septiembre del 2026 a una elección popular para designar a estos jueces de paz y reconsideración, se deben tener en cuenta todos los errores cometidos durante tanto tiempo para corregirlos y no repetirlos.
El proyecto fue aprobado ya por la Comisión Tercera del Concejo, va para segundo y último debate en plenaria. Los concejales deberán exigir mayores garantías, de manera que a un poco más de un año de una nueva elección se aproveche este tiempo, ajustados al calendario de planeación, difusión e inscripción de candidatos que fije la Registraduría, para que los ciudadanos se enteren de la importancia y los beneficios de contar con estos jueces en los barrios y en las veredas; que a nivel institucional también haya más conciencia del deber de apoyar con herramientas y acompañar de forma permanente esta figura, y que los interesados en postularse se vayan formando en el tema.
Justamente capacitación es lo que ha faltado para gozar plenamente de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, y que a nivel institucional no se prefiera echar mano de otras figuras existentes como los conciliadores en equidad y las organizaciones comunitarias. Por ley están creados los jueces de paz, que sí han funcionado bien en otras ciudades del país, ¿por qué no en Manizales? También el Concejo deberá apuntarle a que los jueces elegidos sean sujetos de control disciplinario a través de la Comisión de Disciplina Judicial para que haya un control efectivo, se eviten abusos y este tipo de justicia no siga perdiendo legitimidad.
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