Es lamentable que la desobediencia sea la mayor responsable de buena parte de los accidentes de tránsito y de las muertes que estos arrojaron en el 2025 en el país y en Caldas. Está indicando que por más campañas que se desarrollen, por más inversiones que se ejecuten para reducir riesgos, por más agentes y policías de tránsito que se asignen para el control, nada será efectivo si las personas no son conscientes de sus obligaciones al conducir. De seguir así, con seguridad las estadísticas continuarán en ascenso.
Por cifras preliminares, debido a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial aún no emite el informe final, en Colombia se tuvieron reportes hasta noviembre del 2025 de 7 mil 741 muertos por accidentes de tránsito, que expresan un aumento del 4,66% sobre los registrados en el 2024. Dentro del total, Caldas estaría aportando al menos 172 víctimas, como lo indicó LA PATRIA en un reportaje del pasado domingo, advirtiendo que muy seguramente esto llevará a determinar un incremento para el consolidado del año y con datos preocupantes en La Dorada, Manizales, Chinchiná, Riosucio, Marmato y Palestina. Solamente en el puerto caldense se pasó de 16 a 30 en el 2025, casi el doble de decesos.
Establecer que las causas de los fallecimientos por accidentes de tránsito están ligadas a infractores que no portan documentos como el SOAT o la Revisión Técnico Mecánica y la desobediencia con el uso del casco para el caso de los motociclistas, genera muchísima indignación. No se trata de una pérdida de vidas por motivos exógenos, cuyas soluciones bien podrían ser exigidas por la ciudadanía y las instituciones para que las autoridades corrijan e intervengan. Pero no, son los propios conductores los que se niegan a cumplir estos deberes, que no son más que garantías para el conductor y los pasajeros.
Hay que reconocer que el SOAT y la Revisión Técnico Mecánica no son trámites económicos en Colombia, pagarlos, para muchas personas, resulta excesivamente oneroso y en ello sí hay que decirlo, existe responsabilidad del Estado. Se debería pensar en abaratar los costos de estas diligencias, de manera que haya mayor y más fácil acceso a los procedimientos para conductores de todas las condiciones económicas, porque tener algún vehículo dejó, hace mucho tiempo, de ser un bien suntuario en el país y pasó a convertirse en medios de transporte para las familias. Importante que este tema llegue a los próximos congresistas que se elijan en el país y consideren legislar en esta materia, que serviría para reducir la accidentalidad.

Sin embargo, para aquellos conductores que definitivamente se niegan a cumplir las normas porque se acostumbraron a hacerlo así y son los infractores de siempre, pues también se debería considerar un endurecimiento de las sanciones. Ni el país ni este departamento pueden seguir soportando el impacto de los accidentes y las muertes en las vías, mucho más si son tendencia creciente. Igualmente, la ciudadanía no debe seguir considerando al agente o al policía de tránsito como un enemigo o un persecutor, la mayoría de ellos son aliados cuya función es proteger y controlar las vías, incluso cuando tienen que imponer comparendos por la desobediencia de los conductores.