El presidente Gustavo Petro vuelve a agitar las relaciones internacionales después de solicitarle al régimen de Nicolás Maduro la militarización de la frontera del Catatumbo del lado de Venezuela, y de ordenarle al Ejército de Colombia ampliar el número de soldados en esta zona, en donde asegura “ya se tienen 25 mil soldados”. Se trataría de una acertada estrategia bilateral para “enfrentar y reducir la capacidad operativa de las mafias en la región fronteriza”, como lo justifica Petro, si no fuera que a quien le está pidiendo esta colaboración es a un gobierno que se tomó el poder, señalado además de proteger grupos ilegales y de tener vínculos con el narcotráfico.
Sucede en momentos de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El Gobierno de Donald Trump acusó al régimen de Nicolás Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, como estructura del narcotráfico declarada como organización terrorista internacional, ofreciendo recompensas en dólares por información que lleve a la captura de Maduro y de Diosdado Cabello, su ministro del Interior, y anunciando además llevar a aguas cercanas al límite con Venezuela militares, buques de guerra y aviones. Maduro niega tener vínculo con el narcotráfico y anunció enviar 15 mil efectivos a la frontera con Colombia para “luchar contra el narcotráfico”. Sin dejar de mencionar que su Gobierno mantiene comunicación con las autoridades colombianas, pero a la vez señalar a Colombia como principal productor de drogas.
Colombia está quedando en una condición de alto riesgo por lo que se pueda desencadenar con las decisiones que tomen todos estos gobernantes con personalidades bastante volátiles, irritables y que actúan por reacción y no con fundamentos, como ha hecho Trump al imponer medidas arancelarias a su antojo. El Gobierno colombiano, bajo criterios de responsabilidad nacional, no puede arriesgar una relación económica de importancia como la que se mantiene con EE. UU., de los principales socios comerciales y de la que dependen cientos de empresarios y puestos de trabajo, por apoyar a un régimen sin reconocimiento internacional y tan señalado como el de Venezuela.
El Gobierno Petro debería tener igual o mejor capacidad de reacción para disponer de las Fuerzas Armadas cuando y donde realmente se requieran. Cómo es posible que algo similar a la ayuda y protección anunciada para Venezuela no se haya establecido para intervenir de inmediato el secuestro de 33 militares en Guaviare mientras realizaban una operación contra las disidencias de las Farc, plagiados por habitantes de la vereda Nueva York durante un poco más de tres días, tras los que fueron liberados.
Como si no fuera suficiente, las disidencias secuestraron en Nariño y Cauca a cinco soldados, un policía y un menor de edad señalado de paramilitar, que consideran “prisioneros de guerra”. Según el Ministerio de Defensa, desde el 2021 se han registrado en Colombia cerca de un centenar de asonadas contra tropas militares, obstaculizando operaciones de seguridad y debilitando la presencia estatal en zonas afectadas por narcotráfico y violencia. Demuestra que se requiere robustecer las Fuerzas Armadas para combatir de verdad las economías ilegales y los grupos criminales que tanto daño están causando en Colombia, y si hay que acudir a socios externos, que sea con gobiernos de fiar.