Que la Comisión Séptima del Senado haya suspendido el debate de la reforma a la salud del Gobierno Petro, no es ninguna burla a la salud de los colombianos, como expresó frente a esta decisión el ministro del Interior, Armando Benedetti. Es un acto de plena responsabilidad, porque lo que están solicitando los senadores es que para retomar el debate deben contar con las fuentes de financiación que tendrá esta reforma, verificables y comprobables, que garanticen su ejecución, pues el proyecto de ley no cuenta con recursos garantizados. Aprobarlo en estas condiciones sería afectar más todavía las capacidades del sistema.
Es un argumento razonable, ponderado y prudente porque el sistema de salud del que dependen millones de colombianos no se puede dejar a cuenta de vaticinios, conjeturas ni dogmatismos que buscan, como sea, estatizar la salud. Entregar atribuciones a los alcaldes y a los gobernadores para que a través de ellos se permita el acceso a los servicios, no es el camino. En muchos casos, no en todos, es poner la salud en peligrosos terrenos donde reina la politiquería y lo que se necesita es una cobertura cada vez más universal, de fácil acceso y con menos trabas.
Ahora bien, el Congreso lleva unos dos años pidiéndole al Gobierno dicho aval fiscal, cuya base depende del presupuesto nacional, que para el 2026 no contempla partidas adicionales para implementarla. El artículo 7 de la Ley 819 del 2003 establece que toda iniciativa que demande gasto público debe tener viabilidad fiscal. No es un capricho entonces. Lo grave es que el aval fiscal para la reforma a la salud estaría supeditado a ingresos provenientes de una ley de financiamiento, es decir de una nueva reforma tributaria para buscar recursos vía impuestos, muy inconveniente para los ciudadanos y los sectores que tendrían que pagarlos.
Los senadores de la Comisión Séptima están evitando que se ponga en riesgo la ejecución del gasto público para la salud, fuertemente golpeada por las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, que han puesto en riesgo la vida de muchas personas por la falta del giro de recursos para que las EPS den una atención oportuna. Tampoco puede estar equivocado el Consejo de Estado, que hace unas semanas suspendió también el decreto 858 del Gobierno nacional, con el que pretendía modificar el sistema actual de EPS en uno preventivo a cargo del Estado. El Consejo de Estado afirma que el Gobierno no tiene la facultad para modificar las funciones de las EPS, lo que le corresponde al Congreso de la República, donde ya se tramita una reforma a la salud que contiene buena parte de lo que se propone en el decreto.
Llama la atención que se insista en aprobar con decretos asuntos que pide modificar en la reforma a la salud. La invitación al Gobierno nacional es a respetar la división de poderes y a que no trate de legislar con resoluciones ni decretos cuando en el Congreso no consigue el voto de las mayorías. No puede ser que ahora se emprenda un ataque contra senadores y magistrados, que lo que buscan es preservar la salud para todos los colombianos.
