Colombia tiene un nuevo Código Sustantivo de Trabajo con la aprobación de la Reforma Laboral del Gobierno Petro en el Congreso. Tuvo un trámite complejo. Pasó en Cámara, se hundió en el Senado y el Gobierno respondió amenazando y poniendo a tambalear la institucionalidad con un decretazo, sin el lleno de requisitos, que ordenó convocar a consulta popular con el mismo contenido. El proyecto lo revivió el Senado con algunas modificaciones, demostrando que las vías legales hacen posible las transformaciones, no la fuerza ni la imposición. Petro, ya con la reforma aprobada, dijo que derogará el decreto.
Son cambios laborales justos, buscan promover un trabajo más digno, mejorar las condiciones de los trabajadores formales, y eso está muy bien. La gran duda es si se podrá cumplir al encarecer los costos laborales, sobre todo para medianos, pequeños y microempresarios, y muy fuerte para actividades nocturnas. En seis meses se tendrá que pagar el recargo nocturno desde las 7:00 de la noche, que significa un aumento hasta del 36% por hora trabajada; y dominicales y festivos se remunerarán con un recargo gradual a partir de este año hasta llegar al 100% en el 2027.
Muy importante dar beneficios a los trabajadores formales, porque ese aumento en el salario tendrá que empezar a verse reflejado en un aumento de los niveles de consumo, pero a la vez es desafortunado que la reforma haya desconocido el trabajo informal, que llega a un 60% en Colombia, sin proponer algo para empezar a subsanar sus causas estructurales. Si no se pueden cumplir los nuevos costos laborales el riesgo es que se empezará a limitar la creación de trabajos formales; los empresarios tendrán que transformar sus esquemas de operación reduciendo el número de trabajadores, cambiando horarios, automatizando procesos, eliminando áreas o aumentando el precio de bienes y servicios, que se trasladan directamente a los consumidores.
En este contexto será muy difícil crear empleos, como plantea el Gobierno. Varios sectores, como los dedicados a trabajos de la noche, ya prevén que tendrán que despedir empleados. El cálculo de Acopi es que el valor de las nóminas se aumentará entre el 18% y 36% lo que llevará a una irremediable pérdida de puestos de trabajo. La reforma incluye también el contrato laboral para los aprendices del Sena, con todas las prestaciones sociales. Pueda ser que esto no lleve a dejar de vincularlos y se prefiera pagar la cuota de monetización, opción más económica que el salario mínimo.

Lo que debe venir son salvavidas para los empresarios, desde el Gobierno y las instituciones, como incentivos tributarios o el acceso fácil a créditos, de manera que les sea más llevadera esta nueva carga laboral y no tengan que llegar a extremos de despidos o a la liquidación y cierre de establecimientos. No solo el sector privado va a tener que hacer ingentes esfuerzos para solventar el nuevo costo laboral; el sector público, otro gran generador de empleo en Colombia, tendrá que aumentar gastos de funcionamiento en el rubro de pago de nómina. El tiempo se encargará de mostrar los efectos reales de la reforma laboral, ojalá no sean de más desempleo, mayor informalidad y menos inversiones públicas.