Gobernadores de Colombia, agremiados en la Federación Nacional de Departamentos, hicieron el martes 13 de mayo un urgente llamado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que intervenga la crítica situación financiera de los hospitales públicos del país a raíz de la creciente cartera morosa de las EPS y de otros actores del sistema con la red hospitalaria, calculada a diciembre del 2024 en 5,36 billones de pesos. Un día antes, el minsalud reconoció en un evento en Neiva que hay crisis financiera de las EPS, pero que no pueden liquidarlas porque dejaría a los hospitales sin recursos y los llevaría a la quiebra.
Allí también se le escuchó decir que “tienen en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma”. Se refiere a la reforma a la salud, y estas declaraciones no son tergiversación de los medios de comunicación como lo quieren hacer ver. Por provenir de un ministro de Salud son bastante reprochables, pues debe ser el defensor del sistema en el país, pero especialmente de todos los colombianos como usuarios, que por el contrario están sufriendo con el desgaste y deterioro absoluto del sistema actual. Si es intencional el actuar del minsalud e incluso del Gobierno, nada de lo que está pasando justifica que se tomen este tipo de medidas para propiciar una reforma.
Causa más contrariedad saber que son muchos los pacientes que están en condiciones críticas o que están sufriendo descompensaciones por no tener atención oportuna a sus enfermedades debido a la situación de las EPS y el contragolpe que por esto están recibiendo las IPS. En Manizales, el SES Hospital Universitario de Caldas superó su capacidad instalada en el servicio de Urgencias en un 140% con la consecuente imposibilidad de atender a nuevos pacientes, remitidos muchos desde otras entidades o municipios. El secretario de Salud, David Gómez, indica que la razón de este incremento, que también se está repitiendo en otras IPS de la ciudad, es la entrega incompleta o la ausencia de medicamentos.
El Hospital Departamental Santa Sofía atraviesa igual situación y por falta de pago se vio obligado a cerrarles los servicios a los afiliados de la EPS Salud Total y a los del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad que está en proceso de transición desde hace un año hacia un nuevo modelo de salud; se le considera la prueba piloto de lo que está proponiendo el Ministerio para el servicio general, pero tampoco ha logrado probar que funciona y que puede ser sostenible. Las quejas por mal servicio son mayores y más recurrentes que antes.

El funcionamiento de todos los prestadores de salud, públicos y privados, está sujeto al flujo de los recursos. No puede ser estrategia del Gobierno para forzar una reforma admitir que se deteriore la vida de los colombianos, ni que las entidades vayan directo a la quiebra, mucho menos que miles de trabajadores pierdan su empleo. Es necesario reformar el sistema de salud, se sabe desde antes del Gobierno Petro, pero las formas actuales para lograr los cambios no son las más adecuadas.