Para nadie en el sector público es desconocido que cuatro meses antes de una elección entra a regir la Ley de Garantías, que obliga a las entidades del Estado a restringirse en cosas como la contratación directa cuando no se trata de casos urgentes o emergencias. Esta Ley entró a regir el 8 de noviembre del 2025 por las elecciones a Congreso, y el 31 de enero pasado por las elecciones a Presidencia. No se entiende entonces que en la Gobernación de Caldas hayan olvidado esta regla general, y haya contratistas pasando apuros.
Contratistas de la Gobernación se quejan, pero sin dar la cara por temor a represalias. Ven como falta de consideración que a pesar de haber iniciado contrato laboral el 16 de enero, les anuncien pagar la primera cuenta del 2026 a partir del 5 de marzo, no para finales de mes como tradicionalmente les han cancelado, mientras ellos y sus familias atraviesan dificultades económicas.
La situación está relacionada con que el Departamento está actualizando un software para el manejo de nómina, en lo que tienen que ver las secretarías de Planeación, Jurídica y Hacienda como dependencias por las que debe pasar cualquier trámite de la Gobernación. Sin embargo, a pesar de que muchos despachos empezaron desde noviembre y diciembre del año pasado a pedir información de contratistas, a otros se les olvidó la Ley de Garantías y apenas el viernes de la semana pasada, 31 de enero, cuando empezaba a regir esta norma, iniciaron trámites y resultaron colgados con el tiempo. Se le suma que la página del SECOP, portal de contratación pública, estuvo caído el viernes para subir la información, precisamente porque casi todas las entidades del Estado del país se encontraban registrando los datos.
Claramente no se fue lo suficientemente previsivo para cumplir la norma; es decir, a tiempo y sin las dificultades propias de esta época electoral, y muy seguramente habrá más entes territoriales y más oficinas públicas en la misma situación. Se hace necesario que las oficinas de Control Interno estén más atentas y se vuelquen a hacer los requerimientos del caso o los llamados de atención para que se apliquen los correctivos. Pero también los contratistas deben saber que si accedieron libremente a iniciar labores sin tener firmado un contrato, sin acta de inicio o sin la autorización de un supervisor no se les puede cancelar por esos días. Son aspectos propios de la contratación pública.

Se estima que en la Gobernación son entre 1.200 y 1.300 contratistas, así hayan tenido que salir a contratar rápidamente más personal para aprovisionarse y esto implica un gasto mayor, pero se debe hacer porque la Administración no se puede parar. Para eso la Asamblea Departamental autorizó el año pasado los recursos que permitieran hacer la actualización y se mejorara el software de nómina, que ya debería estar funcionando, porque además los contratistas ya hicieron su contribución. Desde el año pasado tienen pagarle al Departamento las estampillas prodesarrollo (1%), prouniversidad de Caldas (2%), prohospital Santa Sofía (1%), proadulto mayor (3%), y procultura (1%); una carga del 8% sobre lo que les cancelan por contrato.