Las cifras describen el estado de desprotección del 86,18% de los colegios públicos en 26 municipios de Caldas (sin incluir a Manizales). De 984, solo 136 (13,82%) están vigilados por celaduría contratada por la Secretaría de Educación Departamental, los 848 restantes no cuentan con este beneficio y les toca arañar los escasos presupuestos para encontrar cómo solventar este faltante y contratar un portero o equipos de vigilancia. Los que no hallan la forma, tienen que quedarse corriendo riesgos de hurtos, saqueos e inseguridad.
Los colegios con vigilancia en el departamento son seleccionados por nivel de riesgo, ubicación geográfica, antecedentes de hechos delictivos, número de estudiantes y recomendaciones de rectores y alcaldías; pero debería ser una cobertura para todos, como obligación del prestador del servicio de educación en Caldas por tratarse de instituciones públicas que tienen a su cargo menores de edad y equipos y materiales destinados a educar. El Departamento reporta que en los últimos ocho años han ocurrido ocho eventos delictivos en distintas sedes por un aproximado de pérdidas de $25 millones; no obstante, denuncias publicadas por LA PATRIA solamente entre el 2019 y el 2025 dan cuenta de siete robos.
Estas cifras y datos corresponden a un informe especial publicado por LA PATRIA entre ayer y hoy, que es el resultado de un completo trabajo de periodistas del área de Educación en el que se visibiliza la vulnerabilidad en materia de vigilancia escolar en Caldas, porque así no sean colegios considerados de alto riesgo o en los que no se hayan reportado robos u otros hechos de inseguridad, se debe garantizar la custodia de los alumnos, de los docentes y directivas y del equipamiento de los planteles. A los que les ha ocurrido alguno de estos imprevistos saben lo difícil que es reponer lo perdido, y quienes terminan sufriendo las consecuencias son los estudiantes en el proceso de formación.
Permanecer en indefensión no debería ser una constante para ninguna institución, ni urbana y mucho menos las rurales que se encuentran más expuestas por lo alejadas de la presencia del Estado. Tampoco se puede derivar esta función a las comunidades, que aunque en muchos casos en Caldas han asumido colectivamente la obligación de vigilancia, no están capacitadas para hacerlo técnicamente y lo que se amplía es el riesgo. Tampoco está bien que algunos estudiantes y docentes se sientan desprotegidos dentro de los colegios aunque se cuente con equipos y cámaras en reemplazo de celadores, pues no hay quien los esté monitoreando y el acceso a los planteles deja de ser tan estricto como debe mantenerse.
Haber cambiado en Caldas desde el 2016 de modalidad de contratación para la vigilancia escolar tampoco ha servido para resolver estos problemas. Antes era por meses y ahora se hace por largos periodos de años seguidos en los que si bien salen favorecidos unos cuantos colegios, se trata de contratos multimillonarios que han reducido el número de instituciones cubiertas y de vigilantes; entonces no puede ser la solución, como tampoco resolver primero otras necesidades educativas mientras se descuida la seguridad y la vigilancia, que es tanto o más vital para el bienestar de alumnos, docentes y rectores.