El 6 de mayo del 2022 la Asamblea de Caldas expidió una resolución con la terna de la que se elegiría al contralor de Caldas para el periodo 2022-2025. Entre los ternados estaba el abogado Juan Carlos Pérez Vásquez, con las mayores posibilidades políticas para asumir el cargo, como pasó el miércoles. Pero tuvieron que transcurrir 2 años y 10 meses en los que se suspendió esta elección en varias oportunidades desde su convocatoria el 6 de septiembre del 2021, por medidas cautelares en el trámite de 48 acciones de tutela, 3 populares y 2 de nulidad que le hicieron perder a Pérez más de la mitad del periodo.
Se posesionó ante la plenaria de la Asamblea y ejercerá durante 17 meses como contralor de Caldas, no fueron cuatro años como preveía la ley. Esto también sucede en otros departamentos y municipios sometidos a procesos jurídicos para nombrar contralores. Pone esto a pensar otra vez si los contralores son necesarios en el país, porque en todos los casos fueron encargados otros funcionarios de estos organismos y nada se alteró, o si la función del control fiscal de los recursos y bienes públicos la podrían asumir otras entidades, generando ahorros al Estado, más cuando las contralorías lo que hacen es control posterior y selectivo sobre lo vigilado, aunque podrían solicitar facultades de control previo, pero escasamente lo hacen.
Tampoco se ven los resultados con la modificación que aprobó el Congreso de la República en el 2019 para elegir contralores, ordenando que se debe abrir una convocatoria pública, que una universidad acreditada en el país aplique pruebas y revise hojas de vida de los aspirantes, y las asambleas o los concejos armen una terna con los de mayores puntajes, pero el escogido es por mayorías políticas; es decir, lo mismo que ha ocurrido siempre. Convocatorias públicas que están demandando gastos muy elevados a estas corporaciones, fuera del tiempo que les está exigiendo para poder surtir un cargo.
El uso de la justicia, que por momentos se puede considerar abuso -como fue en Caldas- seguirá rigiendo. Pérez ya anunció acciones disciplinarias y penales contra las personas que dilataron por años esta elección, solo uno de ellos presentó 20 recursos. Y con la elección y posesión del miércoles, ya hay consideraciones que estuvo viciada y con seguridad vendrán demandas de nulidad que podrían poner en riesgo la permanencia del recién posesionado contralor departamental, que además tendrá que empezar de cero revisando en qué van las auditorías y los planes de mejoramiento en Caldas, cuando ya le queda menos de un año y medio.
El Congreso de la República se debería volver a ocupar del asunto, porque como se dijo, son varias regiones de Colombia las que vivieron o están todavía enredadas tanto o más que Caldas para la elección de contralor. Se hace más evidente la urgencia en Colombia de llegar a una reforma política que proponga de una vez por todas la eliminación de las contralorías en el país. Estos organismos se han vuelto inanes en la función del control fiscal, a pesar de la corrupción rampante con los recursos públicos pocos son los funcionarios señalados y comprometidos por haber actuado en estos casos y mucho menos se ven los dineros recuperados para las arcas oficiales.