Nuestro país parece sometido a una constante de negociaciones que implican necesarias concesiones con el fin de silenciar las armas, pero el costo termina siendo alto si no hay un consenso para construir esos beneficios.
Al fin llegó la primera condena de la Justicia Especial para la Paz (JEP) contra los cabecillas de la grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), son siete miembros que formaron parte de lo que se conocía como el Secretariado de esa organización. Obviamente se trata de quienes permanecen cumpliendo el Acuerdo de Paz suscrito con el Gobierno colombiano en el 2016. Porque los que decidieron no acogerse al Acuerdo o decidieron darle la espalda regresando a combatir al Estado deberán ser juzgados por la justicia ordinaria y someterse a las penas que trae el Código Penal, en caso de ser capturados.
Las víctimas de las extintas Farc, principalmente las de secuestro, que se calculan en unas 20 mil, y que es el delito por el que salió esta sentencia, se han manifestado con descontento por la decisión. Varias organizaciones de los afectados, que no fueron invitadas a la lectura de sentencia, consideran que este fallo no cumple con los elementos que se habían obligado al firmar el acuerdo de paz, sobre todo en cuanto a verdad y a reparación. Es razonable su posición, porque este fallo es solo otra muestra de la debilidad e incapacidad de nuestro Estado, que debe negociar con los criminales para poderlos ver sometidos a algo de justicia, así sea simbólica como en este caso.
Cuando el Acuerdo de Paz se sometió a votación, muchos de los ciudadanos que eligieron el NO, lo hacían convencidos de que no querían justamente este tipo de salidas que son muy parecidas a la impunidad. No todo fue desinformación o indignación. Además, porque como lo ha mostrado la historia, nuestro país parece sometido a una constante de negociaciones que implican necesarias concesiones con el fin de silenciar las armas, pero el costo termina siendo alto si no hay un consenso para construir esos beneficios, por lo que luego se termina con más fracturas en nuestras sociedad.
Cuando se hicieron concesiones al acuerdo de paz con los grupos paramilitares, una decisión de la Corte Constitucional obligó a que estos debieran pagar sus condenas, con un máximo de ocho años, en cárceles. Luego varios de estos terminaron extraditados por seguir delinquiendo y se les prohibió hacer política. Ahora, los beneficiarios de las Farc no estarán en recintos cerrados, podrán deambular por el país y no se les impide hacer su ejercicio político, lo que puede terminar siendo contraproducente, pero hay que ser claros. Esto es resultado del Acuerdo de Paz y pactado está.

Los acuerdos de paz no son armisticios y eso debe entenderse. No se trató de un Estado que sometió a unas guerrillas y las doblegó. Al contrario, hay concesiones porque hay voluntad de paz y esta vale oro. Sin embargo, este tipo de condenas en un país que ha sido incapaz de llegar a contratos sociales para ponerse acuerdos mínimos, ratifican que nos han obligado a cambiar el viejo aforismo latino de dura lex, sed lex (Dura es la ley, pero es la ley); por uno completamente contrario: mollis lex, sed lex (Blanda es la ley, pero es la ley). Y esas son las reglas de juego acordadas. Ahora lo que queda es aprender de esto para el futuro, incluso para la maltrecha paz total del presidente Petro. No se puede hacer la paz a cualquier costo, ni en esto el fin justifica los medios.