La retórica del salario vital familiar no es argumento válido del Gobierno Petro para haber establecido este exagerado aumento, desconoce otras variables que debería haber tenido en cuenta, como la inflación.
Es un fin populista el que el Gobierno Petro usó para aumentar en 23,7% el salario mínimo del 2026 ($2 millones incluyendo auxilio de transporte), más pensado en quedar muy bien con los trabajadores que reciben el mínimo (2 millones 400 mil de 23 millones 700 mil), previo a las elecciones de Congreso y las presidenciales. Esta decisión empezará a dejar huecos económicos y sociales porque le faltó rigor técnico. Las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas quedarán sin cómo soportar un aumento mensual de $576 mil 500 por trabajador y que en el año les representará $6 millones 918 mil.
Lo que se vendrá es reducción de puestos de trabajo, porque los costos de producción van a superar por mucho las ganancias; se tendrá que trasladar al consumidor este incremento del mínimo a un aumento en los precios de los productos; se hará cada vez más frecuente acudir a la automatización para que la operación resulte más económica; comenzará a prevalecer el empleo de deficiente calidad, porque llevará a aumentar la informalidad laboral que es del 57,2% en Colombia, además porque desde finales del 2025 los empresarios empezaron a asumir los ajustes en el pago de horas extras y nocturnas. Pero no solo habrá impacto en el sector privado, el Estado también deberá asumirlo y esto generará altos costos de funcionamiento en medio de una situación fiscal de desfinanciamiento.
La retórica del salario vital familiar no es argumento válido del Gobierno Petro para haber establecido este exagerado aumento, desconoce variables que debería haber tenido en cuenta, como la inflación, y que además se vendrá una subida de las tasas de interés y encarecerá el crédito y se depreciará la moneda. Lo que pasa con este tipo de medidas ya se ha visto en México, que bajo el gobierno de Manuel López Obrador aumentó el salario mínimo en más del 100% y colapsó el crecimiento económico, o Venezuela con Hugo Chávez, que también hizo lo mismo con el mínimo y ese salario ni siquiera alcanzó para adquirir la canasta básica por la hiperinflación causada.
Que el presidente Petro haya decretado por tercera vez el aumento del mínimo, al no llegar a un acuerdo en la mesa de concertación entre empresarios y centrales obreras durante diciembre pasado, traerá directamente incrementos en los precios que se establecen con base en este salario. Lo que se vienen son incrementos similares en los arriendos, las matrículas, los servicios públicos, los aportes sociales, las cuotas moderadoras de las EPS, el transporte, las multas de tránsito y en productos de la canasta familiar. El año empieza entonces con alzas por todos lados porque hay que sumar lo que anualmente se calcula con el IPC.

No se está desconociendo que los trabajadores que ganan el mínimo tengan derecho a incrementos salariales altos. Si fuéramos una economía boyante y sana claro que sería el momento de hacerlo, de dignificar el empleo en el país y seguro nadie se opondría a ello, pero esas no son características actuales en Colombia. A duras penas los empresarios pueden sostener el empleo que tienen en sus establecimientos y ganar algo en todo el proceso. Será un año en el que tendrán que seguir haciendo más esfuerzos adicionales o cerrar, que también será muy grave para Colombia.