Si la reforma laboral va camino a convertirse en ley es otra muestra de que no tenía piso el decretazo del presidente Petro para convocar a una consulta popular el 7 de agosto con el mismo contenido de lo que aprobó el Senado. Lo único pendiente para que esta reforma sea un hecho es la conciliación del Senado con lo que ya aprobó la Cámara de Representantes, y esa concertación tendrá que darse en tiempo récord antes de que concluya la legislatura, mañana viernes 20 de junio.
Toma relevancia la decisión institucional del registrador Nacional del Estado Civil, el caldense Hernán Penagos Giraldo, a raíz de la solicitud del Gobierno para que este organismo electoral convoque y ejecute esta consulta popular. Dice mucho del buen juicio del registrador y de su ponderación que a pesar de las presiones que pueda haber recibido desde sectores políticos, haya puesto por encima los mandatos constitucionales y legales para negarse a hacerlo en este momento. Demuestra Penagos su responsabilidad, no solo con el cargo que desempeña y la dignidad que representa, sobre todo con el país.
El registrador no le dijo no a la consulta popular del Gobierno y eso debe quedar claro, especialmente en momentos álgidos como los que está atravesando Colombia por el incremento de una violencia marcada por lo político y que podría poner a más personas en riesgo si no se moderan las reacciones. No es un mensaje que busque apaciguar los ánimos, que el presidente Petro, a pocas horas de haberse comprometido públicamente a desescalar el lenguaje de odio y de violencia, haya salido a decir que Penagos se estaba extralimitando en sus funciones y había incurrido en sedición por el solo hecho de haber pedido un concepto previo sobre la legalidad de la consulta, que ayudara a tener más elementos de cómo debía actuar la Registraduría.
Lo que hizo Penagos no se puede condenar como alzamiento contra la autoridad, ni acto de insurgencia; todo lo contrario, es una determinación correcta porque estaba sustentada en el ordenamiento jurídico. Era lógico buscar tener un insumo mientras se esperaba la decisión del Consejo de Estado, alta corte en la que el presidente Petro radicó el decretazo de la consulta. Por fortuna se van teniendo más elementos en esta controversia jurídica de las ramas del poder público para establecer su validez y legalidad, como lo ha entendido el registrador Nacional, y muchos más sectores. Ayer se conoció que el Consejo de Estado, en respuesta a una de las tantas demandas presentadas, decidió suspender provisionalmente el decreto del Gobierno nacional mientras decide de fondo. El argumento es que se requiere de un concepto previo favorable del Senado para convocar a una consulta popular, y en este caso no existe.

También es sensato, como cabeza de una entidad electoral, tener en consideración que la consulta popular es un tema con el que no se puede ser impertinente, y por más que el presidente Gustavo Petro quiera hacerla este 7 de agosto, los tiempos ya no dan. Según Penagos, realizar una consulta popular requiere un desarrollo logístico que tarda al menos tres meses, incluso indica que es un proceso mucho más complejo que una elección ordinaria. Esperar la decisión de fondo del Consejo de Estado no es capricho de nadie, es respetar la institucionalidad y el ordenamiento. De hecho el presidente había anunciado que retiraría el decreto de consulta si aprueban la reforma laboral. Todo está dado.