El manejo de las finanzas públicas es una de las responsabilidades fundamentales de los gobiernos, pues constituye una parte esencial de la conducción de la economía. Su objetivo es definir cómo el estado obtiene, administra y utiliza los recursos económicos para cumplir sus obligaciones y atiende las necesidades de la sociedad.

Dicho de otra manera, y en palabras sencillas, las finanzas públicas son la forma como el estado recauda los recursos y decide en qué los gasta para responder a las necesidades de la gente y del país.

El nivel de compromiso es tan alto que exige una gran madurez en el manejo de estos recursos, pues una parte importante del recaudo proviene de los impuestos que pagamos los ciudadanos, aproximadamente el 15% resulta del impuesto de la renta y de otro lado un 23% correspondiente al impuesto del valor agregado (IVA), lo que significa que un 38% del recaudo total lo pagamos de nuestros ingresos o del patrimonio para quienes superan ciertos limites fijados en la ley y del impuesto al consumo, cuando compramos bienes o servicios gravados sin importar si tenemos altos o bajos ingresos.

Hasta el mes de octubre el recaudo tributario alcanzo $249.12 billones, lo que equivale al 81,5% de la meta total fijada en $305.4 billones para esta vigencia fiscal y que, según declaración del director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, en la rendición de cuentas 2024- 2025, reconoció que la entidad no cumplirá con la meta de recaudo para este año, quedando un faltante estimado de $11 billones, ajustando así tres años consecutivos sin cumplir la meta fiscal.

En consecuencia, se amplía el hueco fiscal en las finanzas públicas, producto de un recaudo ineficiente y de la falta de control del Gobierno en el gasto público, ya que se gasta más de lo que ingresa en salarios de funcionarios públicos, muchos de ellos ineficientes, gastos burocráticos en ministerios inoperantes. También se habla de más de 400 mil órdenes de prestación de servicios en todo el Gobierno.

De manera que, en el 2025 encontramos debajo del árbol un desorden fiscal, de ello se derivan varias consecuencias, entre las cuales se destacan:

1) Aumento del déficit fiscal, se calcula en un 7% del PIB, lo que obligó al Gobierno a una emisión de deuda de $23 billones, que corresponde a la venta de títulos de deuda pública interna (TES) a un solo inversionista extranjero, para financiar el déficit fiscal, lo que ha generado un gran debate ya que no fue una subasta pública competitiva, lo que cuestiona la transparencia y una operación realizada a un alto costo para el Estado.

2 ) Crecimiento de la deuda pública que podría ubicarse en mas del 61% del PIB, cada vez más recursos del presupuesto se destinan a pagar intereses, no a inversión social, sacrificando el buen servicio en salud, educación de calidad, menos infraestructura (hospitales, colegios, vías, viviendas, acueductos), menos seguridad, entre otros.

3) Aumento de impuestos y más reformas tributarias para corregir la indisciplina fiscal, que se convirtió en un problema estructural.

4) Pérdida de confianza en la inversión, porque aumenta la percepción del riesgo, que el Estado puede llegar a incumplir sus obligaciones, aumento de la tasa de interés para compensar el riesgo, lo que encarece la deuda pública.

5) Empeoramiento o rebaja de la calificación crediticia, como lo acaba de hacer Fitch, al reducir la calificación crediticia desde BB+ hasta BB.

Termino diciendo que el deterioro de las finanzas públicas eleva los riesgos y pone en jaque la estabilidad económica.