El presidente Petro es el primero de izquierda en la historia de Colombia, durante su campaña criticaba a la derecha porque había gobernado "siempre con corrupción y violencia" y construyó una narrativa populista dividiendo la sociedad entre el pueblo y una élite corrupta que la vinculaba con la derecha y el uribismo, pero Petro, contrario a esto, en el inicio del Gobierno del Cambio se llevó como ministros a dos personajes de la derecha muy controvertidos en la historia política nacional: Armando Benedetti y Roy Barreras, cuya trayectoria se ha caracterizado por cambios frecuentes de partido y alianzas según las conveniencias del momento, sin convicciones ideológicas claras; se ven como mercaderes de la política y ambos han sido salpicados en escándalos de corrupción.
El Gobierno del Cambio arrastra una serie de escándalos que pesan sobre sus hombros, mientras la Fiscalía adelanta investigaciones por una presunta financiación ilegal o irregular de la campaña de Petro, lo que acentúa la contradicción con aportes de Fecode y de la USO. También hay dudas sobre donaciones no declaradas o mal sustentadas. De igual manera su hijo Nicolás está siendo investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Verónica Alcocer, la mujer de Gustavo Petro, denunciada ante la Fiscalía por presunto uso indebido de gastos irregulares con recursos estatales para pagar servicios y asesorías personales, como cuidado de imagen, maquillaje, estilistas, fotógrafos, vestuario, entre otros hechos que hablan de pagos que superan los mil millones de pesos, y lo más reciente es que Estados Unidos incluyó al presidente, Gustavo Petro; a su esposa, Verónica Alcocer, y a su hijo Nicolás Petro en la llamada lista Clinton. De igual forma, varios ministros, exministros y altos funcionarios vinculados al Gobierno están siendo investigados por la Fiscalía o la Corte Suprema por presuntos actos de corrupción, lo que demuestra el cinismo político del Gobierno del Cambio.
Con respeto a la violencia, este Gobierno llega a sus últimos siete meses con un mandato fuertemente cuestionado y con la percepción de que en lugar de alcanzar la anunciada paz total deja un profundo desencanto, se ve como un fracaso total, ya que las decisiones equivocadas como la reducción de operaciones militares, los ceses al fuego, privilegios jurídicos excesivos y la apertura de diálogos con estructuras narcotraficantes y criminales como el Clan del Golfo terminan convirtiéndose en verdaderas gabelas para los grupos criminales, lo que les ha permitido ampliar su presencia territorial, aumentar los desplazamientos forzados y profundizar los confinamientos.
Para muchos colombianos, el rechazo a que el presidente haya pertenecido al M-19 y que varios de sus colaboradores que ocuparon y ocupan cargos importantes, como el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus; el comisionado para la Paz, Otty Patiño; la jefa de la Delegación del Gobierno para diálogos con el Eln, Vera Grabe, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez; entre otros, provengan del mismo movimiento generan una profunda desconfianza sobre la promesa de Paz Total.
Se percibe una contradicción entre el pasado armado de ese grupo y la conducción actual de la política de paz, hasta llegar al presunto caso de filtración de información reservada del general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del comando de personal (Coper), y el del director de operaciones de la DNI, Wilmar de Jesús Mejía, habrían suministrado datos operativos que permitieron a la guerrilla conocer de antemano las zonas donde sería intervenida.