El sueño de muchas familias colombianas es tener una casa propia.

En la actualidad, quienes logran este propósito son minoría dado que más del 60% de la población depende del arriendo para acceder a una vivienda, mientras que el número de propietarios de inmuebles presenta gradualmente una disminución cada año.

El problema de la vivienda en Colombia es alarmante, según el DANE, el país enfrenta un déficit habitacional del 31%, del cual un 7,5% corresponde a la falta de nuevas viviendas, y un 23,5% a deficiencias en las condiciones locativas. 

Expertos advierten que para cerrar esta brecha se deberían construir 400.000 viviendas anuales durante las próximas dos décadas, mientras que la realidad muestra un panorama muy distinto, debido a que el Gobierno nacional en lugar de llevar a cabo estrategias para incentivar la construcción y el mejoramiento de vivienda, ha optado por medidas que generan incertidumbre y frenan el desarrollo del sector.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, encargado de liderar esta política, ha demostrado falta de liderazgo y visión estratégica; en lugar de promover acciones que permitan el acceso a una vivienda digna, se ha enfocado en trabas burocráticas y en la eliminación de programas que beneficiaban a las familias más vulnerables. 

Un claro ejemplo de esto es la desfinanciación de "Mi Casa Ya", una decisión que dejó a miles de hogares sin la posibilidad de acceder a un subsidio para la compra de vivienda.

A esto se suma el reciente conflicto entre el Ministerio de Ambiente y los proyectos de vivienda en Bogotá y Cundinamarca, la negativa del Gobierno para otorgar licencias para la construcción de 124.000 viviendas en la región no solo afecta la oferta habitacional, sino que pone en riesgo la inversión de más de 323.000 personas que ya habían iniciado procesos de compra. 

En vez de buscar soluciones, el presidente Gustavo Petro ha optado por atacar a los gremios del sector, acusándolos de actuar en contra de la ciudadanía sin pruebas concretas.

En el caso del departamento de Caldas la situación no es diferente, la falta de una estrategia clara de la Gobernación ha dejado en el limbo a las familias que confiaron en el fallido programa de vivienda de la Administración anterior; mientras tanto, varios municipios siguen pagando intereses por créditos adquiridos para financiar los proyectos que nunca se materializaron.

Además, hace un año con bombos y platillos la exministra de Vivienda reunió al gobernador y a los 27 alcaldes para anunciarles que se realizarían 6.000 mejoramientos habitacionales, siendo otra promesa que sigue sin concretarse.

El panorama es preocupante. 

Sin un liderazgo claro, políticas eficientes y un verdadero compromiso de las autoridades, el sueño de tener una vivienda propia seguirá siendo inalcanzable para miles de colombianos. 

Es hora de que el presidente deje de ilusionar a los más vulnerables con la entrega de viviendas nuevas en los consejos de ministros, cuando el país necesita menos discursos y excusas, para enfocarse en soluciones reales que garanticen el derecho a una vivienda digna.