Por ahora, Colombia no necesita una Asamblea Constituyente. No porque la Carta de 1991 sea intocable o perfecta, sino porque las constituciones no pueden convertirse en el vehículo de un proyecto político particular ni en la respuesta a frustraciones coyunturales de gobierno o partido. Las cartas políticas están llamadas a ser el resultado de amplios y profundos acuerdos nacionales, no la imposición de una mayoría circunstancial sobre una parte significativa del país que no comulga con esas ideas. En un contexto de alta polarización, insistir en una Constituyente es una equivocación de fondo, mientras que no haya acuerdos mínimos.
Las constituciones duraderas y legítimas son siempre fruto del consenso. Expresan un mínimo común denominador que permite que quienes piensan distinto sigan conviviendo bajo unas reglas compartidas. Por eso, plantear hoy una Constituyente, sin acuerdos previos y con un claro sesgo ideológico, no solo resulta imprudente, sino que constituye una grave irresponsabilidad política. La Constitución no es un atajo para sortear los límites propios del poder democrático.
En ese marco, no sorprende que una de las instituciones que ha sido blanco para la constituyente sea el Banco de la República. Tampoco aquí el diagnóstico es acertado. El banco central, con su responsabilidad constitucional de defender el poder adquisitivo de la moneda, ha sido uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica. Esa estabilidad no es un lujo tecnocrático, es el mejor fundamento para construir un equilibrio económico que sirva de base sólida para un mayor bienestar y un crecimiento sostenible.
Desde sectores afines al Gobierno ha tomado fuerza la tesis según la cual habría que buscar un “punto intermedio” entre la lucha contra la inflación y la política social. Se trata de un razonamiento profundamente equívoco, que desconoce la función esencial de la política monetaria y los efectos reales de la inflación sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
Defender el poder adquisitivo de la moneda es, en sí mismo, una política social de primer orden. La inflación castiga con especial dureza a quienes viven de ingresos laborales, a quienes no pueden indexar sus rentas y a los hogares más vulnerables. Cada punto adicional de inflación actúa como un impuesto silencioso que erosiona salarios, pensiones y ahorros, lo mismo que los frágiles ingresos de los informales. Por eso, proteger la moneda es proteger, ante todo, los ingresos de quienes dependen de su trabajo para vivir.
La verdad es que el Gobierno de Petro quiere que el Banco de la República sea la imprenta de billetes para el populismo gubernamental. Argentina ya pagó caro esta incursión suicida. No repitamos tragedias…
Por ahora, entonces, no a la Constituyente. Colombia necesita reformas, sin duda, pero requiere aún más instituciones sólidas, reglas claras y consensos amplios. Defender la Constitución de 1991 y la autonomía del Banco de la República no es una postura ideológica, es un acto de responsabilidad democrática, una defensa del bienestar ciudadano y un compromiso serio con el futuro del país.