Colombia necesita pensar su futuro con cabeza fría, serenidad y profundidad después de la pesadilla que hemos vivido en el país. No podemos permitir que el folklore de la campaña política nos distraiga de lo importante. Hay que tener táctica electoral, pero también, y con urgencia, las propuestas para poner en orden y volver a reencaminar al país. Es hora de preparar con rigor el país que tendremos después de los devastadores resultados del Gobierno. Escuchando a todos los actores -desde las regiones, gremios, centros de pensamiento, universidades, sindicatos y minorías- y enfrentando estratégicamente los problemas estructurales más urgentes.
A los males crónicos que arrastramos desde hace décadas se ha sumado, en estos años, una inestabilidad política y jurídica que erosiona la confianza y paraliza la inversión. La vulnerabilidad de las instituciones, sometidas a los vaivenes ideológicos y a los caprichos del presidente y su cohorte, está generando consecuencias graves. Hay varios pilares de la vida nacional que están en riesgo.
El primero es el fiscal. Debemos volver a una senda de disciplina responsable que restablezca la regla fiscal, estabilice la deuda y permita regresar a inflaciones cercanas al 3%.
La estabilidad macroeconómica no es un capricho tecnocrático: es la base de la confianza, del empleo y del poder adquisitivo de los hogares. ¿Cómo hacerlo sin afectar a los más frágiles y vulnerables?
El segundo es el control territorial y la paz. No habrá paz total mientras el narcotráfico siga siendo el gran financiador de la violencia. Los cultivos de uso ilícito y la tensión con Estados Unidos son temas que exigen una estrategia clara, sin ambigüedades. Igualmente, es clave erradicar la impunidad.
El tercer frente es el sector salud, que atraviesa una implosión institucional. Los problemas estructurales se agravaron con el intento de forzar una crisis total para justificar una reforma improvisada. El país necesita un nuevo modelo mixto, público y privado, que asegure el derecho a la salud de una manera eficiente y que llegue a todo el territorio.
El cuarto tema es el energético. La inseguridad jurídica y la abrupta transición, incluida la paralización de la exploración petrolera, nos acercan al riesgo de apagones y al encarecimiento del gas natural. La transición energética debe ser seria, gradual y técnica, no una consigna política.
Y, finalmente, el empleo formal. Los jóvenes enfrentan tasas de desempleo alarmantes y el trabajo informal crece sin freno. Esto mina el bienestar presente y las pensiones futuras. Un mercado laboral sólido requiere confianza empresarial, estabilidad normativa y educación pertinente para la transformación productiva.
El país no puede llegar al 7 de agosto del 2026 sin un proyecto y plan de acción. Los gremios, centros de pensamiento y partidos políticos deben sentarse desde ya a construir una hoja de ruta nacional. El país no puede distraerse en estos meses en el espectáculo confrontacional. Hay que convocar a las mejores cabezas a estudiar los temas a fondo y tener preparado el plan de acción.