En medio de unas votaciones legislativas críticas para el futuro próximo del país, la izquierda, en cabeza del Petro y el Pacto Histórico, adelanta una amenazante “estrategia integral” para atornillarse al poder, no hasta el 2030, sino con la vocación de permanencia de los regímenes comunistas. 
Su primer componente es deslegitimar: A la Corte Constitucional que no aprueba sus reformas y al CNE que lo investiga; al empresariado, al Congreso, a la Procuraduría y a todo el que se le atraviese. Con elecciones encima, Petro ataca el CNE por no dejarle repetir a Cepeda consulta interpartidista y, luego, por las multas a su campaña, que se voló topes y usó financiación prohibida. “No aceptamos esa decisión administrativa”, respondió, algo así como “la Ley no es con nosotros”.  
Sus otros objetivos son la Registraduría y el sistema electoral. El 7 de febrero anuncia que no votará una consulta “manchada de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Días después, el Pacto Histórico, del cual es jefe supremo, anuncia sanciones a quienes la voten. 
En su última alocución lanzó un manto de duda sobre el software, calificó de ilegal el preconteo e instigó a la impugnación masiva de las 123.000 mesas. “Si son todas, todas”, lo que representaría un saboteo al proceso electoral. 
El segundo componente de la estrategia es el uso de recursos públicos con descarada “oportunidad electoral”, mientras posa de digno con una campaña contra la compra de votos. 
La feria del gasto inició con 235.000 empleos en el 2025; votos cautivos a los que se sumaron más de un millón del subsidio a los ancianos y luego el mínimo vital agregó 4 millones más de posibles sufragantes agradecidos; lo que generó el ataque al Consejo de Estado por la suspensión del decreto y un desacato por volver a presentarlo sin modificación; para rematar enero con 165 mil contratos por 15 billones, una burla a la Ley de Garantías.
En febrero, una rebaja de $500 por galón de gasolina es presentada como “regalo”, cuando es solo una restitución, pues al Gobierno se le fue la mano en los aumentos por encima del precio internacional y estábamos siendo, literalmente, robados. Para marzo se anunció otra rebaja de 500 pesos, irresponsable para los expertos, en medio del aumento mundial de precios por la guerra; pero no importa…, estamos en elecciones.  
En medio de inauguraciones, entrega de tierras, plata para universidades públicas, el Gobierno sale a remediar otro atraco en el 2023 con los precios del gas, ordenando a las empresas distribuidoras, a través de la CREG, devolver $150 mil millones a los consumidores. Ver para creer. 
Deslegitimación, promesas, gasto populista y publicidad promesera, mientras los violentos ponen candidatos en los territorios sin gastar un peso…, con sus armas en bandolera. 
Entre tanto, quienes creemos en la democracia, la propiedad privada y el emprendimiento, salgamos a votar para defenderlos.