Como el gran regalo del año, el Gobierno Petro expidió el decreto 1474 del 29 de diciembre del 2025, mediante el cual, entre otras cosas, les otorga los mayores beneficios económicos a los corruptos, terroristas y criminales que hoy se encuentran encartados con inmensas fortunas, ya sea en efectivo o en bienes sin legalizar.
Es la cereza del pastel. Primero, rodea de impunidad a los terroristas y narcotraficantes, los libera de las cárceles, los llena de protección estatal, los nombra gestores de paz, les esquiva su extradición, les garantiza y protege sus rutas, los sube a tarimas públicas y negocia con ellos la próxima campaña cepedista. Y ahora, les lava sus capitales y les normaliza sus bienes entregándoles las herramientas para que, con el pago del un 19% de los activos escondidos, puedan blanquearlos sin consecuencias económicas ni penales.
Se demuestra que el Pacto de La Picota fue un ejercicio que previó todos los escenarios y cubrió todos los efectos. Es un ejercicio criminal cuyo ejecutor es el propio Gobierno nacional que, cooptado o cómplice, les entregó el país a las mafias sin reato alguno.
Pero esos beneficios no son solo para el terrorismo y el narcotráfico. Detrás se esconde el blanqueo de los capitales de los políticos beneficiarios de las coimas, el cohecho, la venta de votos en el Congreso, la contratación ilícita y todo lo que rodea el abuso del poder que, en estos últimos tres años, pasó a ser actividad normal. Porque esas inmensas fortunas que están en manos de los políticos y que reposan en efectivo en cajas fuertes, terminaron siendo un encarte para los poseedores que, desesperados, invierten en bienes suntuosos sin poder justificar el origen de los recursos.
Pues hoy, a través de este decreto, podrán exponer sus millonarios capitales sin temor alguno. El decreto dice: “La normalización de activos (lavado o blanqueo) realizada en cualquier tiempo no dará lugar, en ningún caso, a la persecución fiscal o penal, a menos que se acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el código penal”.
Es decir, el corrupto, terrorista, narcotraficante, congresista, diputado, concejal o funcionario, que no diga explícitamente que el activo normalizado proviene de actividad ilícita, quedará exento de cualquier persecución legal. ¿Y habrá alguien que lo diga? ¿Cómo puede, por ejemplo, un humilde concejal o alcalde enriquecerse enorme y prontamente si no es mediante una actividad ilícita?
En resumen, el Gobierno Petro premia a quienes se han enriquecido con dineros ilícitos producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la corrupción y demás delitos que representan incremento patrimonial injustificado, con su legalización mediante el pago de un 19% de ese capital. ¡Un negocio redondo! Roban, desfalcan las instituciones, narcotrafican, delinquen, se enriquecen con los dineros del pueblo y Petro, en medio de una ilegal emergencia económica y, de un plumazo, legaliza sus fortunas y blanquea sus actividades. ¡Y así pretende que lo excluyan de la lista OFAC! ¿Ese era el cambio?