Es cierto que cuando una mujer reclama los derechos de su hijo o hija no lo hace para mendigar, pedir un favor o pedir concesiones; lo hace para proteger sus derechos y con la intención de garantizar su dignidad, mejorar su bienestar y calidad de vida. Las mujeres no pueden seguir asumiendo grandes cargas económicas, sumadas a las labores de cuidado y crianza que realizan mientras trabajan y maternan. Estoy segura de que, si la niñez pudiera tocar la puerta de un juez, hablaría de la angustia de su madre por no poder cubrir todas sus necesidades.
La violencia económica en la familia es más común de lo que imaginamos. Muchas mujeres enfrentan cuestionamientos diarios sobre la forma como distribuyen la cuota alimentaria de sus hijos e hijas, lo que puede afectar la percepción de su rol materno y generar ideas equivocadas sobre el uso de estos recursos ante terceros. El padre puede preguntar, siempre que no se convierta en una discusión constante y menos en un hostigamiento.
Una de las formas más comunes en que se ve afectada la madre en relación con la cuota alimentaria que recibe su hijo o hija está relacionada con amenazas reiteradas de solicitar ante el juez de familia la disminución de dicha cuota, argumentando que el dinero se gasta en cosas personales y no en las necesidades del niño o la niña. Las madres reciben constantemente mensajes que se convierten en señalamientos directos sobre su maternidad y que terminan convirtiéndose en un acoso que deteriora su salud física y mental.
La omisión y el retraso en el cumplimiento de la cuota alimentaria no pueden ser considerados simplemente como un delito tipificado en la norma penal -inasistencia alimentaria-. Este comportamiento afecta de manera directa la dinámica familiar, genera incertidumbre, angustia, limita el cubrimiento de necesidades básicas y produce inestabilidad y daño emocional en la madre y la niñez. No se trata de no cumplir con el pago de una obligación bancaria o de no pagar la factura de internet; los bancos y las empresas no sufren daño emocional. Las madres sí sufren daño emocional y pérdida de capacidad económica, que, repito, afecta su salud mental.
Lo importante será entender que cualquier situación que esté afectando el bienestar emocional de la familia debe ser documentada, valorada y atendida por la administración de justicia. Por esto se recomienda acudir y activar la ruta de atención en salud a través del médico y psicólogo de la EPS, con la finalidad de obtener evidencia frente a las afectaciones que se pueden estar causando. Es importante guardar todas las conversaciones que se sostengan vía Whatsapp. Cabe aclarar que la forma correcta para guardar este tipo de evidencias es tomando pantallazos de dichas conversaciones, donde no aparezca el nombre en la parte superior de la conversación, sino el número de teléfono, por lo tanto se tendrá que eliminar el nombre de los contactos y deberá aparecer solo el número de teléfono.
Por último, aunque los procesos judiciales representan un desgaste emocional adicional, es necesario realizar todas las acciones legales para proteger el bienestar y la salud mental de todo el núcleo familiar. Acudir a terapia familiar con expertos, así sea después de la separación, puede ayudar a mejorar la comunicación, lo que finalmente representa un bienestar importante para la niñez.