En medio de las estridencias y los escándalos termina sin pena ni gloria la primera parte del último período de esta legislatura que se puede calificar de inédita en la historia del país. Primero, nunca llegaron al Congreso tantos parlamentarios de izquierda, y segundo, porque nunca estuvo allí tan fragmentada la representación política. Aunque los desencuentros entre Congreso y Ejecutivo no son extraños, sí fue evidente la incapacidad del Gobierno para concertar y construir alianzas de largo aliento.
Estas circunstancias favorecieron la inercia legislativa y ralentizaron la dinámica que se suponía iba a ser impulsada por un gobierno del cambio, que empezó con una agenda ambiciosa soportada en una amplia coalición política que le fracasó apenas empezando las sesiones. Petro aprendió con sangre y tuvo que aceptar la tozuda realidad: no es posible pactar acuerdos sólidos, de gran alcance, con quienes no se tienen siquiera identidades mínimas. A esa equivocación lo llevó Roy Barreras.
Petro prefirió confrontar a concertar. Eso puede que sirva a sus intereses electorales, pero no al país. Ha ganado algunas peleas, pero en general las ha perdido casi todas. Las relaciones de poder entre Gobierno y Congreso se han ido deteriorando, con el agravante de que ambos se están lucrando del inmovilismo que genera: el primero porque consolida la fidelización de sus bases políticas y el segundo porque una parte de la opinión lo premia con índices de popularidad que no tenía desde hace años.
Fruto de esa coalición inverosímil, Petro logró tramitar el plan de desarrollo y una reforma tributaria. Gajes del oficio dirán algunos. A ningún gobierno se le niega su plan de desarrollo y su reforma tributaria. Un episodio entre pintoresco y repugnante protagonizó el Ejecutivo cuando con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos pretendió comprar las mayorías en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y conseguir así un concepto favorable para un endeudamiento. Por ello están en la cárcel sus exministros del Interior y de Hacienda.
Varios proyectos de ley están perdidos en los meandros de la ingobernabilidad: la reforma a la salud, el marco jurídico para la paz total y la jurisdicción agraria, entre otros. Dos temas sin embargo vienen acaparando la especial atención de distintos sectores: la ley de financiamiento, léase reforma tributaria, y la ley de competencias que desarrollaría el Acto Legislativo 03 del 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones.
En cuanto a la primera, es claro que se necesita por la situación de desfinanciamiento en que quedó el presupuesto general de la nación para el 2026. Pero es claro también que el Gobierno está desbordado en gastos, tiene una pésima ejecución de la inversión y ha sido ineficiente en combatir la corrupción. No hay condiciones para que esta iniciativa llegue a puerto, y menos en el escenario de una campaña electoral de alto voltaje.
La segunda, estamos aspirando a que recale en el Legislativo antes de finalizar este período, 20 de diciembre. Esta que es tal vez la más importante propuesta de reforma al Estado en los últimos 30 años, debería estar siendo ya estudiada. Esperamos tener la próxima semana la propuesta formalmente presentada.
El Congreso le queda debiendo en el plano legislativo mucho al país, no así en materia de control político donde a despecho de las iras y descalificaciones presidenciales, ha hecho su tarea. El Gobierno no ha cumplido su primera responsabilidad política y administrativa cual es la de ganar y mantener una seria y responsable gobernabilidad.