El Gobierno de Petro con apuestas ambiciosas, como la de comprar 1,5 millones de hectáreas de tierras, tras hacer recortes en el Ministerio de Hacienda pudo financiar la Agencia Nacional de Tierras que pasó de menos de un billón a 4,9 billones de pesos para invertir, lo que le permitió adquirir 635 mil hectáreas de tierras a junio del 2025. Así, en los Llanos y el Caribe se concentró la reforma agraria con la expropiación de predios paramilitares o ilegalmente ocupados, más otros del Fondo de Reparación de Víctimas.
Pero otra cosa ha sido el tema de la paz, en el que Gustavo Petro decidió enfocar esfuerzos abriendo ocho procesos de diálogo con grupos armados de izquierda y derecha, mediante estrategias que no se consolidaron, y quedando el tema por resolver a nivel urbano y rural, donde todavía las situaciones de seguridad más críticas del país imputadas a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo, a Los Pachenca y a las estructuras criminales urbanas en el AM de Medellín, persisten por falta de presencia estatal.
Para la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), como líder en el estudio y monitoreo del Acuerdo de Paz y que define al actual Gobierno de Petro como un régimen de transición, por ser el primero de izquierda en Colombia, si bien para muchos el proceso ha sido caótico y para otros ha resultado disruptivo, es porque a menudo es objeto de cuestionamientos públicos, como lo vemos cada semana cuando la agenda política resulta cuestionada y criticada por sus controversiales e inconsultas decisiones.
Como antecedentes, si entre el 2018 y el 2025 Colombia entró en un nuevo ciclo de violencia armada marcado por el crecimiento, expansión y control territorial de estructuras armadas ilegales, desde la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo hasta las disidencias de las Farc, según Pares entre el 2022 y el 2025 los procesos de diálogo han tenido avances desiguales y frágiles, en medio de un panorama de alta conflictividad armada por el control del territorio en favor de las economías ilegales, anunciando el fin de la paz total.
En lugares como el Cauca y el Catatumbo, marcados por la guerra, dado el peligro para hacer política, si la democracia también implica reconocimiento y legitimación de divergencias ideológicas, la clave para garantizar el ejercicio político y democrático de cara a los próximos comicios, estará en la articulación de entidades e instituciones involucradas, como la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad para las Víctimas y el CN de Memoria Histórica, sin apelar a estigmatizaciones.
Pese a algunos avances de la Paz Total, actualmente, a la ruptura de relaciones políticas entre funcionarios del Gobierno colombiano y Estados Unidos, se suma la presión por fortalecer las articulaciones regionales frente a un crimen cada vez más transnacional, con una guerrilla binacional como el Eln, comercio ilegal de armas que pasa por Colombia, redes de narcotráfico que cruzan fronteras y carteles mexicanos con presencia en el país, entre otros retos relacionados con la seguridad por resolver que moverán la campaña del 2026.