En Colombia los carteles de la droga, como el de Medellín en los años 70, 80 y 90, que además de controlar rutas, producir y distribuir cocaína a gran escala, tuvo una cruda lucha con el cartel de Cali, generaron violencia extrema y cooptaron instituciones estatales, antes que desaparecer son organizaciones que han evolucionado desafiando los puntos del Acuerdo de Paz (AFP) sobre drogas y reincorporación.
Similarmente, tras el despegue de grupos mexicanos traficantes de marihuana, donde sobresale el “chapo Guzmán” quien lideró el cartel de Sinaloa en los años 80, hasta su extradición a Estados Unidos en el 2017, sus tentáculos dan paso a nuevas bandas que para la compra de cocaína vinculan grupos armados criminales de Colombia, como el Clan del Golfo que aparece tras la desmovilización de las Auc y las Disidencias de las Farc-Ep.
Pero en la actualidad, los principales grupos de narcotráfico que operan en Colombia no son los antiguos carteles (caso Medellín o Cali), sino grupos armados organizados como el Clan del Golfo (o “Gaitanistas”), disidencias de las Farc y Eln, que controlan vastas zonas y rutas, además de bandas locales como Los Costeños, todos con fuertes vínculos con cárteles mexicanos y enfocados en el control del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Entonces, por qué no aludir al denominado Cartel de los Soles conformado por un entramado de oficiales y facciones, enquistados dentro del Estado venezolano, para actividades criminales que incluyen además del contrabando de gasolina y minería ilegal, el tráfico de drogas. Dicha organización difusa que surge iniciando el siglo XXI de la corrupción venezolana, tras la presión que ejerce el Plan Colombia en nuestro país, ampara a las Farc y al Eln que se refugian en Venezuela.
La gravedad del problema radica en que el narcotráfico, además de haber tenido directa influencia en la vida política, social y económica de Colombia, como actor del conflicto armado interno ha sido soporte económico directo e indirecto para grupos paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada en el país, lo que incluye carteles de la droga y grupos armados organizados, y las alianzas de dirigentes nacionales con grupos de narcotraficantes y/o armados.
Es que, desde los años 70 por el establecimiento de la guerra contra las drogas en Estados Unidos y algunos países europeos, el gobierno colombiano ha recibido ayuda logística y financiera para implementar acciones como el Plan Colombia, concebido para combatir grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos a los paramilitares que en la década del 80 empezaron a conformarse por narcotraficantes.
Finalmente, si a pesar de estos programas y las leyes, en el 2000 Colombia continuó siendo el líder mundial en producción y procesamiento de cocaína, desde el 2020 los carteles mexicanos han traído su guerra para el control de la cadena de producción en el país, y en el 2025 los carteles han mutado para conformar redes, con estructuras flexibles y dinámicas, en tres niveles coordinados, el de alcance nacional, el subregional y el barrial o local.