Como es costumbre, justo antes de finalizar el año 2025, mientras la gente se esforzaba por hacer una lista de propósitos y metas que “este año sí”, el Gobierno nacional anunció la esperada decisión que determina el aumento del salario mínimo. Pero, además de las preocupaciones derivadas de la magnitud del aumento, una palabra novedosa entró en escena para nutrir el discurso que suele acompañar a estas épocas. Para este año el Gobierno propuso (o más bien decretó) la implementación de un salario vital.
Con el aumento del mínimo, como con toda medida, hay quienes se benefician y quienes se perjudican. Favorece a quienes ya tienen un empleo formal, principalmente. Recordemos que menos de la mitad de los trabajadores del país cumplen esa condición, aunque en Manizales asciende al 64%, según el Informe de Calidad de Vida (ICV) de Manizales Cómo Vamos (2024). Según cálculos de La Silla Vacía (https://shorturl.at/uIPEQ), cerca de 2.3 millones de personas en el país ganan un salario mínimo.
Del otro lado, en un país donde el tejido empresarial está compuesto en un 98% por micro y pequeñas empresas (según cifras de ANIF: https://shorturl.at/jE6e0), creadas en su mayoría desde la necesidad y el deseo de salir adelante, absorber el incremento de costos que implica esta medida sin debilitar ese tejido empresarial es una utopía. Los jóvenes quizás llevan la peor parte, con tasas de desempleo más altas y mayores dificultades para acceder al empleo formal por primera vez. 
El Banco de la República publicó en el 2022 un estudio titulado Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia. Llega a la conclusión, entre otras, de que los incrementos del salario mínimo elevan la probabilidad de que una familia pase a estar por debajo de la línea de pobreza monetaria, e incluso por debajo de la mitad de esa línea de pobreza monetaria, que en Manizales A.M. fue de $525.083 por persona en el 2024, según el ICV. En otras palabras, puede terminar perjudicando, y mucho, a quienes busca proteger. 
Entonces, ¿vital para quién? El salario vital, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que dice el Gobierno que está basado, se calcula estimando el costo de adquirir todo lo indispensable para cubrir las necesidades básicas de una familia “típica” en el país. ¿Una familia típica de Manizales? ¿Una familia típica que siempre ha vivido en zona fronteriza, marcada por la violencia? ¿Una familia típica de Bogotá, que suele irse de vacaciones a Miami? 
No puede llamarse salario vital si aumenta la probabilidad de que una familia que ya es vulnerable deje de tener la capacidad de conseguir los bienes y servicios más básicos que necesitan todos sus miembros. No puede llamarse salario vital si disminuye la capacidad de los trabajadores por cuenta propia de contar con un aseguramiento básico en salud y un sustento para su vejez. No puede llamarse salario vital si solo considera vital la subsistencia de una familia “típica” que no se ajusta a la realidad de millones de familias colombianas, en un país rebosante de diversidad geográfica, social y cultural.