De cara a las próximas elecciones presidenciales, Colombia enfrenta un desafío que va mucho más allá de escoger un nuevo mandatario. Lo que está en juego también es nuestra capacidad de cuidar la confianza en la democracia, proteger las instituciones y evitar que la desinformación termine erosionando uno de los pilares más importantes de cualquier sociedad, la credibilidad del proceso electoral.
Por eso, quizá uno de los debates más importantes de este momento no debería centrarse únicamente en la sospecha permanente, sino también en la capacidad de reconocer cuando una institución está haciendo bien su trabajo. Y si algo dejaron las elecciones legislativas recientes es precisamente una evidencia sólida de que la Registraduría Nacional del Estado Civil logró conducir uno de los procesos electorales más complejos de nuestra historia con resultados altamente positivos.
En medio de un ambiente político polarizado —y de una conversación pública cada vez más acelerada por las redes sociales— vale la pena detenerse en los datos. Porque las cifras, cuando se analizan con serenidad, permiten entender la dimensión del esfuerzo institucional detrás de unas elecciones nacionales.
El primer dato es quizá el más contundente, hubo una coincidencia del 99,8% entre el preconteo y los escrutinios finales. Para ponerlo en perspectiva, históricamente las desviaciones habían oscilado entre el 4% y el 6%. En esta ocasión, la diferencia fue cercana a apenas 0,2 puntos. Y esto ocurrió, además, en unas elecciones legislativas que son considerablemente más complejas que unas presidenciales, más de 3.200 candidatos, múltiples listas, distintas circunscripciones y cerca de 126.000 mesas de votación distribuidas en todo el país. No es un dato menor. Es una señal de trazabilidad, control y capacidad operativa.
También hubo avances importantes en participación ciudadana. Casi 20 millones de colombianos acudieron a las urnas, lo que representó un incremento de tres puntos porcentuales frente a la elección anterior. El propio registrador señalaba algo revelador: en muchas democracias del mundo aumentar siquiera medio punto ya es difícil. Colombia logró multiplicar esa cifra varias veces, en un contexto de alta desconfianza institucional y fatiga política.
A esto se suma una reducción significativa tanto en los votos nulos como en el voto en blanco, lo que sugiere una ciudadanía mejor informada sobre cómo ejercer su derecho al voto. Incluso la participación de colombianos en el exterior creció, alcanzando cerca de 225.000 votantes fuera del país.
Otro aspecto que merece reconocimiento es el fortalecimiento del cuerpo de jurados de votación. El universo de personas elegibles pasó de 2.2 millones a 2.45 millones, y hoy más de la mitad de los jurados provienen del sector privado. Allí hubo un aporte importante del empresariado, que ayudó a incorporar cerca de 250.000 personas adicionales al sistema. Detrás de esto hay algo fundamental, entender que las elecciones no son responsabilidad exclusiva del Estado, sino una construcción colectiva que necesita del compromiso de toda la sociedad.
Tuve la oportunidad de escuchar estos datos y conversar sobre los retos del proceso electoral en un encuentro de la Red PRO con el registrador nacional, Hernán Penagos, hace unas semanas. Y quizá lo más importante de ese espacio fue la claridad sobre los riesgos que enfrenta el país de cara a las presidenciales.
Porque el mayor peligro hoy no parece estar en el software electoral. De hecho, la Registraduría anunció medidas adicionales de auditoría y transparencia: ampliación del tiempo de revisión del código fuente, participación activa de auditores de partidos, simulacros, congelamiento de sistemas y autorización para tomar fotografías en puestos de votación.
El verdadero riesgo está en otra parte, en la desinformación, en las narrativas de fraude sin evidencia y en la capacidad que tienen las redes sociales para amplificar sospechas antes que hechos. Durante las elecciones legislativas se registraron millones de intentos de ciberataque y se detectaron páginas falsas que suplantaban a la Registraduría. Pero más preocupante aún es lo que esto puede desencadenar. En Colombia, la degradación de la confianza institucional puede traducirse en violencia, ataques a sedes públicas e incluso pérdida de vidas.
Por eso, respaldar el trabajo de la Registraduría Nacional significa entender que las instituciones también necesitan ser protegidas cuando hay evidencia de que están funcionando correctamente. La democracia no se fortalece destruyendo la confianza en todo. Se fortalece exigiendo, auditando, mejorando… pero también reconociendo. Y hoy, de cara a las elecciones presidenciales, reconocer el trabajo técnico y operativo de la Registraduría no es ingenuidad, es responsabilidad democrática.