Cuando el patrimonio también es social

En tiempos de estrechez fiscal, es comprensible que el Estado acuda a instrumentos extraordinarios para sostener sus obligaciones. El Impuesto al Patrimonio responde a esa lógica, una medida excepcional para una coyuntura exigente. La pregunta de fondo no es si el Estado debe recaudar más, sino cómo lo hace y qué efectos produce en el tejido que sostiene el desarrollo. Ahí es donde el diseño empieza a mostrar sus límites.
El principio de que “quien más tiene, más aporta” es razonable. Pero el patrimonio no es una categoría homogénea. Detrás de ese concepto conviven realidades distintas, empresas que han crecido a partir de reinversión y generación de valor en el tiempo, y organizaciones sociales que han construido activos para sostener intervenciones de largo aliento. En ambos casos hay algo en común que suele pasar desapercibido en el debate, no se trata de riqueza ociosa, sino de capital comprometido con un propósito.
Las empresas formales no solo generan empleo y pagan impuestos de manera recurrente; también reinvierten utilidades, sostienen cadenas productivas y, en muchos casos, lideran iniciativas de impacto social. Las organizaciones sin ánimo de lucro y universidades convierten su patrimonio en programas que abordan fallas estructurales del Estado con rigor técnico y continuidad.
Hoy organizaciones y fundaciones grandes en nuestra región (que soportan un gran ecosistema) ilustran bien esta realidad. Su patrimonio no es acumulación pasiva; es la base que permite sostener procesos complejos en el tiempo. Por poner algunos ejemplos con cifras reales y actualizadas, de allí salen programas de acompañamiento en lectoescritura para más de 5.000 estudiantes, iniciativas para fortalecer habilidades matemáticas en más de 4.500 niños y jóvenes, o rutas de formación técnica para más de 700 jóvenes que encuentran en ellas una oportunidad concreta de inserción laboral.
La consecuencia es menos visible que el recaudo inmediato, pero no menos relevante, se introduce una fricción en dos motores clave del desarrollo. Por un lado, se limita la capacidad de las empresas para seguir invirtiendo y creciendo. Por otro, se reduce el alcance de programas sociales que ya operan con evidencia de impacto.
Aquí no hay una dicotomía entre lo público y lo privado. Lo que existe es una interdependencia. El Estado necesita recursos para cumplir su mandato, pero también necesita un ecosistema empresarial sólido y una red de inversión social privada que amplíe su capacidad de respuesta. Cuando el diseño tributario no reconoce esa interdependencia, corre el riesgo de debilitar aquello mismo que le permite sostenerse en el tiempo. Porque en el fondo, la discusión no es sobre quién debe aportar, sino sobre cómo lograr que ese aporte no termine erosionando las capacidades que el país necesita para crecer y cerrar brechas.
El Estado enfrenta una urgencia fiscal real. Pero también enfrenta un desafío de diseño, recaudar sin desincentivar la creación de valor, sin afectar la continuidad de lo que ya funciona, sin convertir una medida de emergencia en una barrera para el desarrollo.
La pregunta que queda es si estamos viendo el patrimonio solo como una base gravable o también como una herramienta de país. Porque de esa respuesta depende si el sistema tributario se convierte en un aliado del desarrollo… o en un obstáculo silencioso para quienes lo hacen posible.