El Gobierno Petro ratifica de nuevo sus incoherencias en materia fiscal, dando la razón al Congreso de la República al negarle su reforma tributaria y a quienes han calificado de ilegal, innecesaria e inconveniente su emergencia económica para crear nuevos impuestos.
Según la Contraloría General de la Nación, $4.84 billones correspondientes a 156 contratos de negocios fiduciarios inmovilizados, estaban destinados a financiar proyectos estratégicos como vivienda, centros de salud, obras de infraestructura, generando doble costo para el Estado: Pérdida económica, al permanecer quietos en un portafolio de baja rentabilidad, mientras contrata operaciones de altísimo costo como sus bonos TES al 13,5% y pérdida social por el retraso en la entrega de bienes y servicios esenciales que impacten la calidad de vida de los potenciales beneficiarios.
De otra parte, el escandaloso aumento de contratos laborales que han venido adelantando diferentes ministerios, aparte del crecimiento burocrático con más de 15.000 nuevos cargos públicos y más de 63.000 nuevas órdenes de prestación de servicios, como evidencia del interés por fortalecer aún más su maquinaria frente al proceso electoral.
Según Fedesarrollo, este gasto aumentó en un año, alrededor del 28%, lo que representa unos $10 billones, 60% de lo que esperaba recaudar con la frustrada reforma y en contravía de lo que le han sugerido las instituciones y gremios, sobre la necesidad de reducir el gasto público, antes que ahogar más al sector productivo y a los contribuyentes con nuevas cargas tributarias Y frente a la celebración de contrataciones directas y convenios en enero, sin estar sujetas a la Ley de Garantías, que se extiende hasta el 31 de mayo o hasta el 21 de junio en caso de segunda vuelta presidencial, decretaron como días hábiles de trabajo varios fines de semana.
Es clara la intención gubernamental de dejar cada vez más raspada la olla en ministerios, incluida la Salud, mientras que millones de pacientes continúan sufriendo por la falta de medicamentos como acontece con los afiliados de la Nueva EPS, intervenida desde hace cerca de dos años, tiempo durante el cual antes que superar problemas los ha agudizado pese a haberse constituido entre las de mejor funcionamiento en años anteriores.
La intención del Ministerio de Salud de crear 442 nuevos cargos con un costo anual de $59 mil 403 millones, incrementaría este gasto en un 60% llegando a $153 mil 621 millones, mientras se torna renuente a incrementar el valor de la UPC con el cual las EPS cubren el valor de la atención por paciente, desatendiendo orden de la Corte Constitucional.
Según el Comité autónomo de la regla fiscal, el déficit este año en salud podría aumentar en $5.3 billones, ante el incremento del salario mínimo. Similar situación se visualiza con la Adres, Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud, que aspira a duplicar sus costos de nómina mediante un proceso de rediseño organizacional que adelanta, pasando de $48 mil 17 millones a $99 mil 69 millones este año, y pasando de 233 cargos a 930.