La paradoja del silencio en Manizales
Señor director:
El pasado agosto del 2025 Manizales fue proclamada por ONU-Hábitat como la “mejor ciudad para vivir en América Latina”, superando a más de 15.000 ciudades por indicadores de sostenibilidad, gobernanza y participación ciudadana. El alcalde, Jorge Eduardo Rojas, en su discurso de premiación, destacó la articulación institucional y la activa escucha ciudadana como claves del éxito de su Administración. Pero detrás del trofeo internacional se oculta una realidad incómoda y silenciosa que contradice el discurso oficial.
Tres días después de recibir el premio, un colectivo de vecinos del sector El Cable presentó ante la Alcaldía un derecho de petición de interés general. Solicitaron, con evidencia técnica y extensión jurídica, acciones urgentes contra la contaminación acústica que afecta gravemente la salud de población vulnerable: adultos mayores, niños y personas con discapacidad. El alcalde no ha emitido ni un solo pronunciamiento sobre el tema.
El artículo 14 de la Ley 1755 del 2015 obliga a responder de fondo cualquier derecho de petición en un plazo de 15 días hábiles. Han pasado meses y la ausencia de respuesta es flagrante. El silencio administrativo no es sólo un simple acto de omisión, sino una vulneración del derecho fundamental de petición, reconocido como pilar esencial del Estado Social de Derecho colombiano.
La paradoja es evidente: ONU-Hábitat premió a Manizales por “gobernanza innovadora y participación ciudadana”, pero el representante que recibe el galardón da la espalda, desde su despacho, a cientos de ciudadanos que exigen protección frente a la contaminación y el deterioro de su salud. La imagen internacional queda lejos de la experiencia real de los habitantes que conviven con ruido persistente y la indiferencia del poder municipal.
No basta señalar que otras entidades intentaron responder. El Ministerio de Ambiente delegó competencias, Corpocaldas reconoció el problema pero se declaró incompetente, y la Inspección de Policía impuso barreras burocráticas. Todas giraron en un círculo de irresponsabilidad que terminó, irónicamente, en la oficina del alcalde que prefirió callar. La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho de petición no reconoce otro mecanismo de protección eficaz distinto de la acción de tutela.
El episodio se agrava con la posterior sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito, que invocó la supuesta “naturaleza colectiva” de los derechos y negó la procedencia de la tutela, ignorando precedentes vinculantes como la sentencia SU-1116/2001. El juzgado desconoce que, frente a una administración que no escucha, la tutela es el último recurso ciudadano.
La pregunta es ineludible: ¿qué significa el premio si no traduce protección real de derechos? ¿De qué sirve la gobernanza si la autoridad máxima evade el diálogo cuando más se necesita?
Manizales necesita avanzar no solo en urbanismo y estadísticas, sino en cultura democrática real. Un Estado Social de Derecho exige que la escucha sea una práctica diaria, no solo una frase de gala en los auditorios internacionales.
El silencio del alcalde no merece trofeos, sino la exigencia firme de una ciudadanía activa. Las verdaderas ciudades premiadas son aquellas donde la voz del ciudadano nunca es ignorada.
Andrés Felipe López Sánchez

Pólvora en el Batallón Ayacucho
Señor director:
Inconcebible que una institución nacional haya realizado pirotécnicos o quema de pólvora en el mes de diciembre, cuando los medios nacionales, locales y entidades de salud insisten en NO a la pólvora y la ciudadanía manizaleña vive, hasta ahora, una gran disminución de esa práctica.
No hay explicación de esta actuación en ese lugar, de quienes tienen el deber de ser ejemplo ciudadano.
Vecinos del Batallón Ayacucho