EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

En el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, voces nacionales e internacionales coincidieron ayer en un llamado urgente: retomar de manera decidida y sostenida la implementación integral del pacto firmado en 2016. El mensaje se escuchó en el panel Los derechos humanos y la seguridad, un camino para la paz, organizado por la Fundación Compaz y la Alcaldía de Bogotá.

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, abrió el debate subrayando que la falta de implementación efectiva ha limitado el potencial transformador del acuerdo, especialmente en las zonas rurales.

“Hoy, más que nunca, es el momento para el Estado y la comunidad internacional de redoblar los esfuerzos para la implementación del acuerdo”, afirmó Campbell.

Recordó que aunque la firma de la paz puso fin a un prolongado conflicto armado y abrió una esperanza de transformación, la realidad posterior ha sido compleja. La expansión de grupos armados y estructuras criminales en distintas regiones evidencia —según señaló— que el vacío estatal no ha sido llenado.

Citando cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Campbell alertó sobre un crecimiento del 15% en los integrantes de grupos armados entre diciembre de 2024 y julio de 2025, lo que eleva el número total a 25.278 miembros.

“Esta situación de violencia no se deriva del acuerdo de paz. En buena medida se explica por la falta de implementación efectiva”, insistió.

Santos: un llamado al próximo presidente

En la conmemoración también intervino el expresidente Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo y premio Nobel de Paz 2016, quien dirigió un mensaje contundente al próximo mandatario, que será elegido en 2026.

“Hago un llamado respetuoso pero firme al próximo presidente para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado”.

Santos cuestionó la continuidad que le dieron sus sucesores, Iván Duque y Gustavo Petro, pero reiteró que el acuerdo sigue siendo “la hoja de ruta más clara y estructurada que ha tenido Colombia para construir un país distinto”.

El exmandatario destacó logros como la reincorporación del 85% de los exguerrilleros, aunque lamentó el asesinato de 450 firmantes y que un 15% haya retornado a la guerra, en su mayoría —según dijo— por la estigmatización y la falta de apoyos efectivos.

También resaltó el avance reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que este año emitió sus primeras sanciones contra exintegrantes de las Farc y exmilitares involucrados en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Lo que está ocurriendo en la JEP no tiene precedentes en el mundo: máximos responsables reconociendo sus crímenes delante de las víctimas”, subrayó.

Consenso y continuidad política

La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó la necesidad de que exista un consenso nacional en torno a la paz y recordó que la Constitución obliga a la próxima administración a continuar la implementación, independientemente de su orientación política.

“La paz debe ser un patrimonio para Colombia”, afirmó.

Marín señaló fallas institucionales y políticas que han frenado el proceso, entre ellas la falta de coordinación estatal y la persistente polarización. También alertó sobre el fenómeno de la “gobernanza ilegal”, una consecuencia directa del crecimiento de los grupos armados.

“La gente no quiere la gobernanza ilegal”, advirtió, e insistió en la necesidad de fortalecer presencia estatal y protección para las comunidades.

Advertencia de la ONU

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, fue enfático en señalar que uno de los principales errores tras la firma del acuerdo fue no ocupar los espacios dejados por las Farc con presencia integral del Estado.

“No se llenó el territorio con instituciones, no solo con Fuerza Pública, sino con educación, salud y programas sociales”, dijo.

Jenca lamentó la falta de continuidad política y presupuestal durante los últimos gobiernos y reiteró que la seguridad sigue siendo el principal desafío. Aseguró, además, que la misión reforzará sus esfuerzos en tres pilares: reincorporación, garantías de seguridad y reforma rural integral.

“Las víctimas están en el centro de nuestro trabajo”, concluyó.

Un aniversario marcado por alertas y llamados a la acción

La conmemoración, liderada por la Fundación Compaz y la Alcaldía de Bogotá, reunió también a Paula Gaviria, directora de Compaz, y al académico Michael Weintraub, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.

El tono general del encuentro fue de preocupación, pero también de urgencia y compromiso. A nueve años del acuerdo, las cifras de violencia y la expansión de grupos armados contrastan con los avances institucionales y judiciales alcanzados.

El mensaje común quedó claro: Colombia aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para lograrlo, requieren voluntad política, coordinación estatal y la decisión firme de cumplir lo pactado en 2016.

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