Foto | Presidencia | LA PATRIA
El presidente Gustavo Petro y el general Edwin Urrego, en Bogotá, el 18 de diciembre del 2024.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró del servicio al general de la Policía Edwin Masleider Urrego, a quien acusó de haber intentado poner "sustancias psicoactivas" en uno de sus vehículos oficiales, con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Durante un consejo de ministros celebrado en Montería, capital del departamento de Córdoba, Petro denunció ayer un supuesto complot en su contra y aseguró que antes de su reunión en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía, aunque no mencionó su nombre.
Según el jefe de Estado, "alguien le dio la orden" a ese oficial de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales con el objetivo de "evitar" el encuentro en Washington.
El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el mandatario, en el que dispuso la salida del oficial por "llamamiento a calificar servicios", una figura discrecional contemplada en la ley colombiana que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.
Aunque en sus declaraciones no mencionó nombres, el presidente relacionó la supuesta maniobra con el allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad.
Urrego, quien hasta ayer era comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró en declaraciones a medios locales que no ha recibido ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra.
"Soy completamente inocente", dijo, y aseguró que está dispuesto a someterse "a cualquier prueba técnica", como la del polígrafo, para demostrar su integridad.
Urrego también negó haber tenido acceso al vehículo presidencial y sostuvo que la seguridad del jefe de Estado está a cargo de funcionarios de Presidencia bajo protocolos estrictos.
"Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias", respondió el oficial al ser preguntado sobre posibles acciones legales para defenderse.
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