Barranquilla vuelve a ser epicentro de una tragedia causada por el consumo de licor adulterado con metanol.

Con 15 personas fallecidas, este caso evidencia la fragilidad institucional para frenar un fenómeno que crece en silencio y se arraiga en la economía ilegal del país.

La última víctima, un hombre de 75 años, cerró un ciclo letal que comenzó el pasado 23 de septiembre en el sector de El Boliche, donde más de 20 personas consumieron una bebida casera conocida como cococho.

Preparada de forma artesanal y sin condiciones sanitarias, la mezcla contenía altas concentraciones de metanol, un compuesto altamente tóxico.

Según el Ministerio de Salud, este tipo de alcohol industrial puede causar ceguera, daño cerebral y muerte. En este caso específico, la letalidad alcanzó el 70% de los afectados.

Cococho, un licor barato y letal

El cococho se vendía en botellas recicladas de gaseosa y cerveza, sin etiquetas ni controles.

Por su bajo costo, se convierte en una opción frecuente entre personas en condición de vulnerabilidad.

De hecho, varios habitantes de calle murieron tras consumirlo. Otros permanecen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.

El licor adulterado, además de poner en riesgo la salud pública, alimenta una red criminal organizada.

Así lo afirma el general (r) Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y hoy coordinador de la Estrategia Triángulos para Latinoamérica y el Caribe: “Ya no hablamos de redes menores, sino de estructuras que usan financiamiento, armas e intimidación para controlar territorios”.

Estas organizaciones obtienen hasta un 400% de lucro por cada litro producido de forma clandestina.

Las cifras detrás del problema del licor adulterado en Colombia

Entre enero y junio del 2025, se decomisaron 175 mil 000 unidades de alcohol ilegal en el país.

Aunque las autoridades han intensificado los operativos, el problema persiste por la falta de coordinación entre aduanas, salud pública, seguridad ciudadana y política fiscal.

Expertos como Daniel Rico, director de C-Análisis, advierten sobre las decisiones que se están debatiendo en el Congreso: “Incrementar los impuestos al licor legal no es solución. Esa medida puede impulsar el consumo de licor de bajo costo y alimentar este mercado negro”.

Rico insiste en que el diseño de políticas públicas debe basarse en datos, estudios y evaluación de riesgos.

¿Prohibición o prevención?

El Gobierno propone aumentar el impuesto a los licores. Pero los analistas alertan: una subida sin planificación puede tener el efecto contrario. El consumidor podría inclinarse por opciones más baratas y peligrosas.

La respuesta no puede ser simplista. Se necesita una estrategia integral que incluya:

• Reducción de impuestos al licor legal para hacerlo más competitivo.

• Controles efectivos en fronteras, carreteras y expendios.

• Regulación estricta de materias primas como el metanol.

• Campañas de prevención que lleguen a todos los niveles sociales.

• Sanciones severas a reincidentes y productores clandestinos.

Rico advierte: “Mientras no se coordinen inteligencia operativa, fiscalización, salud y justicia, la historia se repetirá. No es la primera vez que Barranquilla sufre por esta bebida: en 1989 y 2004 hubo tragedias similares con más de 50 muertos”.

La advertencia está hecha

La Procuraduría exigió a la Alcaldía de Barranquilla explicar qué controles aplicaba antes del brote de intoxicación. Aunque se realizaron incautaciones y operativos, no hubo alertas tempranas ni vigilancia efectiva, pese al antecedente histórico.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para evitar consumir bebidas sin registro INVIMA, sin etiqueta, o en envases plásticos. Sin embargo, el mensaje no basta: las autoridades deben llegar con pedagogía, control y medidas estructurales.

La tragedia de Barranquilla pone al país ante un espejo incómodo: uno donde la negligencia, la pobreza y la criminalidad se mezclan en una botella de plástico.

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