El pasado martes (8 de abril), un operativo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) en el sector de La Quiebra, vereda Juan Tapado, Quinchía, terminó en un momento de alta tensión cuando miembros de la comunidad se resistieron al procedimiento. 

La operación, denominada “Coorpoare”, tenía como objetivo intervenir actividades de minería ilegal y fue realizada por varias instituciones, entre ellas la Carder, la Chec y miembros de la policía y el ejército. 

Según Julio César Gómez, director de la Carder, en el lugar se halló “evidencia física del uso de mercurio para la extracción de oro”, así como “la desviación del cauce de quebradas”, lo que calificó como un “ecocidio”.

Tensión en Juan Tapado

Durante la intervención, se inutilizaron cuatro motores, una pluma y nueve molinos avaluados en más de $40 millones. También se incautaron seis gramos de mercurio y se capturaron 18 personas por parte de la Fiscalía y la Policía.

No obstante, cuando los capturados iban a ser trasladados, fueron interceptados por habitantes de la vereda, quienes cerraron el paso y exigieron diálogo. 

Uno de los actores que estuvo presente durante el operativo fue el concejal Diego Ibarra, quien también es líder comunitario en la zona.

El concejal narró que se enteró del operativo mientras estaba en el casco urbano del municipio, vio como pasaban varios vehículos entre motos y camionetas, lo que lo alertó para consultar con miembros de la comunidad lo que sucedía. 

“Imagínese que yo incluso llamé a todos: a la Personería, llamé a la Alcaldía. Yo entiendo que la Alcaldía debe tomar distancia y uno como funcionario público debe tomar distancia en ciertas medidas, pero cuando no hay garantías para la comunidad, uno como representante y líder realmente tiene que ir a mediar y a servir de garantía para que los derechos de nuestros campesinos no sean vulnerados”.

Dijo Ibarra haciendo referencia a que ningún miembro de la administración en Quinchía sabía del operativo, un factor que él consideró peligroso para la comunidad, que quedaban a merced de personas externas del municipio. 

“Lo que nos da tristeza es que cuando uno entra a solucionar un conflicto, solo llegan a atacar, a quemarles el único sustento de trabajo, y de alguna manera como obligarlos a que tomen otras medidas para su sustento. El Estado no ha mostrado voluntad para brindarle acompañamiento al pequeño minero.”

Presencia del Estado para criminalizar

Una de las críticas que hizo el concejal fue sobre los operativos que se realizan. Según Ibarra, mientras trataba de mediar en la situación, se notaba que quienes hacían el procedimiento no conocían la realidad de la comunidad de Juan Tapado. 

“En todo el sector los campesinos ejercen minería tradicional. Es el único medio de sustento en la zona. Entonces es una zona siempre ha sido minería tradicional y pretender quitarles eso es no comprender cómo han sobrevivido”.

Ibarra explicó además que la comunidad ha manifestado, en varias ocasiones, su interés en formalizar su labor minera.

“Ellos siempre han solicitado acompañamiento, capacitación. Ellos siempre se han interesado en que su labor sea legalizada. Pero no han tenido un acompañamiento real que les permita legalizarse, ejercer una minería limpia y que nos sirva a todos.”

Promesas sobre la mesa

Según el concejal, durante la jornada se sostuvo un diálogo con las autoridades y se hicieron algunos compromisos:

“Ahí el director de la cárcel incluso se dio cuenta de las dificultades de la comunidad y se quedaron en unos compromisos como hacer unas mesas de trabajo. Lo que a mí me preocupa es que allá se llegan a muchos compromisos por la calentura del ambiente, por las ganas de darle solución a los inconvenientes, pero nunca se materializan”.

El próximo domingo 13 de abril se reunirá el concejal con un grupo de mineros para hacer una mesa de trabajo donde quede por escrito las necesidades de ellos y los compromisos que adquirieron. 

Por su parte, la Carder ha asegurado que continuará con los operativos contra la minería ilegal en Risaralda, a pesar del “hecho bochornoso” que representó, según su director, la retención temporal de los funcionarios por parte de la comunidad.

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