Tarifas diferenciales. Este fue el anuncio oficial que hizo esta mañana la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
En medio de un anuncio grupal en las casetas de recaudo del peaje de Tarapacá 2, los delegados nacionales, que llegaron a negociar con las comunidades que están protestando y bloqueando los pasos de forma intermitente, aseguraron que se tendrán tarifas diferenciales para las comunidades del área de influencia de los peajes Tarapacá 1 y 2, Pavas y San Bernardo del Viento.
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Los descuentos
De acuerdo con el reporte preliminar, las categorías 1 y 2 pagarán solamente una tarifa de $700 y para las demás se definirá un monto proporcional en los próximos días.
Según los delegados, el próximo martes, 26 de mayo, se presentará oficialmente la propuesta de forma concreta.
El vicepresidente técnico de la ANI, Roberto Uparela, destacó el avance de las negociaciones, aunque, por ahora, continuaban con las protestas y cierres continuos en los peajes de Santágueda, San Bernardo del Viento y Tarapacá 2.
También aprovecharon para tomarse fotos en el sector y celebrar la noticia.
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Otros puntos
Durante las mesas también se mantiene la propuesta que planteó el Gobierno de asumir el tiempo restante de la concesión con recursos desde el Estado.
Pese a ello, delegados de la ANI explicaron que cualquier eventual suspensión del cobro de peajes tendría un impacto fiscal y contractual que debe ser revisado jurídicamente.
Según indicaron, el contrato de concesión cuenta actualmente con cerca de $21 mil millones en excedentes o recursos de reinversión de obras, y que podrían utilizarse para compensar un eventual menor recaudo.
Sin embargo, señalaron que el ingreso mínimo garantizado de la concesión hasta el cierre del contrato supera los $161 mil millones. Esto es la plata que debe garantizarse en caso tal de que no se puedan recaudar los peajes.
Pese a ello, el abogado y promotor Álvaro García defendió que el presidente Petro fue claro en que existen mecanismos para asumir ese costo mediante el pago al concesionario a través de recursos del Gobierno y que existen herramientas en la Ley 80 que permitirían revisar el equilibrio contractual y avanzar en una terminación anticipada.
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