"Ante la trascendencia social de estos proyectos, su alta connotación económica para el país y para las regiones, su afectación directa a las comunidades y a la ciudadanía y su amplio impacto jurídico, fiscal y contractual, esta Procuraduría considera necesario iniciar vigilancia preventiva y exhorta a la Agencia Nacional de Información (ANI) y al Ministerio de Transporte"...
Así lo destacó la Procuraduría General de la Nación, en una carta enviada hoy, 26 de mayo, a estas dos entidades del Estado, luego de conocer varias de las acciones que se iniciaron en los peajes del Eje Cafetero, administrados actualmente por la concesión Autopistas del Café.
Los llamados
En la carta, el organismo de control les pide verificar que las posibles decisiones relacionadas con terminación anticipada del contrato de concesión vial y desmonte de peajes se encuentre debidamente soportada, ajustada al marco constitucional, legal y contractual, y que contemple medidas suficientes para garantizar la continuidad, operación y mantenimiento de la infraestructura vial.
Al respecto advierte sobre varios riesgos de incumplimientos contractuales del Estado con consecuentes responsabilidades de naturaleza pública, de suspensión de obras estratégicas para el país, afectación de la sostenibilidad financiera de los proyectos y riesgo de incumplimiento de normas de carácter legal.
Unido a ello, la Procuraduría también pide "adelantar las acciones necesarias para fortalecer la participación ciudadana en la planeación y estructuración de los proyectos de infraestructura vial de conexión entre regiones del país, para este caso la conexión del Eje Cafetero, en donde se permita a todos los municipios y departamentos que hacen parte de la zona de influencia regional conocer los proyectos y aportar desde sus competencias en la estructuración de estos".
Solicitud de información
Como si fuera poco, el ente de control les pide información puntual sobre 16 aspectos.
Entre ellos, pide un informe sobre el estado actual del contrato de concesión, las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes de ejecución o cumplimiento de parte del concesionario y si existe alguna decisión administrativa, técnica o contractual dirigida a modificar el contrato o su terminación anticipada.
Además cuestiona con respecto a qué entidad será la responsable de la administración, operación y mantenimiento del corredor vial, una vez culmine la actual concesión y los impactos fiscales y presupuestales derivados de una eventual terminación anticipada, así como sobre las economías locales, el turismo, el transporte regional, la conectividad y las comunidades asentadas en el corredor vial.
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Mesas de diálogo y participación ciudadana
Entre sus pedidos, el ente de control llama la atención frente al modelo mediante el cual se garantizará el mantenimiento y conservación de las vías actualmente operadas por Autopistas del Café, así como la sostenibilidad financiera de las nuevas obras contempladas y las medidas que implementará la ANI para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, el adecuado mantenimiento de la infraestructura y la seguridad vial durante el periodo de transición contractual.
Esto además de sustentar las mesas técnicas y reuniones interinstitucionales que se han hecho, los espacios de articulación o escenarios de concertación adelantados por la ANI con gobernaciones, alcaldías, organizaciones sociales y demás sectores de interés, relacionados con la definición del futuro de la Concesión.
Eso sumado a qué mecanismos de participación ciudadana, coordinación institucional y articulación territorial se tiene previsto para definir el futuro esquema de operación del corredor vial del eje cafetero.
Tarifas e IP Conexión Centro
La Procuraduría General pidió además información clara de si la ANI contempla realizar modificaciones a las tarifas de peaje actualmente vigentes en el corredor, incluyendo su reducción, eliminación o estructuración, el estudio técnico y financiero que soporta el desmonte, la justificación técnica y operativa y la fuente de recursos por las que se compensaría la estructura financiera de la concesión en lo referente al menor recaudo por peajes. Informe el cronograma previsto.
Finalmente llama la atención de si existe alguna decisión administrativa, técnica o jurídica relacionada con la aprobación y continuidad de la iniciativa privada denominada IP Conexión Centro y los mecanismos de participación ciudadana y coordinación institucional con las autoridades y organismos territoriales para la socialización y revisión de su conveniencia técnica y operativa.
Posibles vulneraciones
El organismo destaca que la presente actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública.
Lo anterior, "mediante la generación de alertas y comunicaciones que tienen como fin contribuir al mejoramiento de la gestión pública, el adecuado ejercicio de la función administrativa y la materialización de los derechos de las personas, en defensa del ordenamiento jurídico y cuidado de los recursos públicos".
"No implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas", advierte.
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