En cada respuesta defiende que fue un trabajo técnico, bien estructurado y que tienen toda la tranquilidad.
En medio del debate que se mantiene el país por la actualización catastral que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con base en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, y que ha generado reclamos, paros y hasta bloqueos, la directora de este instituto en Caldas, Angélica María Vélez Jaramillo, defendió el proceso que se realizó.
También cuestionó a los municipios por no cumplir con las actualizaciones catastrales que se deben hacer cada 5 años, como ordena la Ley. En diálogo con LA PATRIA, esto respondió.
Los elevados aumentos
- En los municipios de Caldas también hubo aumentos exagerados de hasta el 383.236% ¿cómo explica esto?
En medio de todo, tenemos un parte de tranquilidad. Aunque si bien el ejercicio parte de una resolución nacional, se construyó desde el territorio y por lo tanto los análisis que hicimos y los datos que se generaron fueron reales. Aunque se tenía un equipo especializado que llegó de Bogotá a hacer el trabajo en campo y a tomar los datos en cada una de nuestras zonas del departamento, fue una tarea que se recopiló en la territorial, se trabajó y se analizó acá, y eso nos permitió hacer unos análisis profundos, antes de expedir la resolución, por lo tanto estamos muy tranquilos.
- Pero hay muchas quejas por esos incrementos desbordados para cualquiera...
Apenas tenemos dos meses de haber sacado la facturación en muchos municipios, pero solo tenemos 14 solicitudes que ya hemos contestado, y 18 en proceso de respuesta. Esas mismas cifras dan un parte de tranquilidad por la territorial porque realmente son cifras muy bajas, teniendo en cuenta que ingresamos 25 municipios en toda nuestra zona rural. Entonces estamos satisfechos, muy a pesar de lo que se viene cuestionando en diferentes medios de comunicación y de lo que se está informando a la comunidad y alertando a través de la resolución que se expidió.
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- ¿Y no les llama la atención esos porcentajes tan altos?
Parecen muy altos, como en el municipio de La Dorada, donde encontramos en nuestras bases de datos valores irrisorios a vista de cualquiera de persona y por los que no se consigue una hectárea en ninguna parte del país. En la zona 12 de La Dorada se presentaron incrementos como el que usted menciona del 382.236% y cualquiera dice: eso es terrible, pero es que es una zona donde encontramos viejos precios a $931 la hectárea, lo que hoy no es real, y por eso se actualizó al valor del mercado por $3 millones 569 mil, por eso dicho incremento. Por eso ese porcentaje que parece alto, no lo es, nos está llevando medianamente a una realidad de ese dato catastral que traía un rezago impresionamente en el sistema y es lo que no nos podemos permitir como país.
- Pero hay casos donde los ajustes no solo son porcentuales sino que el precio real se multiplicó...
En términos generales están muy por debajo del valor de mercado porque no analizamos las zonas físicas ni las modificamos, fuimos muy conservadores con esos reportes, después de 16, 20 o 27 años. Hay zonas muy productivas, pero otras en sitios boscosos y nos tocó irnos por los valores más conservadores para no afectar a quienes realmente no están explotando la tierra de la mejor manera. Por eso nuestros valores nos permiten decirle a los ciudadanos que estamos tranquilos, que no fueron análisis ni rápidos ni poco técnicos como algunos pretenden hacer ver.
El rezago
- El reclamo de muchos alcaldes es que no se hizo un estudio riguroso, predio a predio sino calculados...
La rigurosidad se mantuvo siempre y los alcaldes fueron informados hace 2 años de esta metodología. La ley nos obliga a que los procesos de actualización catastral se desarrollen cada 5 años, pero lamentablemente hoy tenemos municipios con una desactualización de hasta 27 años. Para cualquiera son ajustes altísimos, pero la verdad es que muchos alcaldes han omitido esa obligación legal de realizar este proceso y han pasado muchos años para que los municipios puedan tener un recaudo justo y hablar de una equidad tributaria y que personas con avalúos similares tributen lo mismo.
- ¿Y eso sí es justo hacer un ajuste tan alto después de 27 años?
Aquí lo que no es justo es que personas de estratos más bajos o que están inscritas en las bases de datos sean quienes sostienen tributariamente a los municipios y que predios nuevos, grandes construcciones más actualizadas y en mejores condiciones no estén inscritas en el catastro, por eso hablamos de que la equidad tributaria es un componente fundamental no solo como equidad ciudadana sino para los mismos municipios, para tener los tributos suficientes y generar todas las demás políticas públicas. El impuesto predial es de los ingresos fundamentales para cumplir con esas necesidades de los ciudadanos y para que los municipios logren desarrollarse adecuadamente.
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– Y si es culpa de los municipios, ¿porque no actuó el IGAC antes, tal y como lo hizo ahora?
Pudimos actualizarlo, gracias a que en el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 49 facultó al IGAC para establecer esta metodología. Además puso los recursos para esta tarea. Sin embargo, hay que decir que no se subsana plenamente el proceso de actualización para aquellos que no se encuentran actualizados en los últimos 5 años, pues se necesita además el componente físico y jurídico y establecer nuevas zonas físicas y geoeconómicas para cada localidad.
Revisión por zonas
- ¿Ese estudio fue predio a predio como dicen que se debe hacer?
Es que la metodología catastral ni el proceso de actualización e implementación en el artículo 49 es predio a predio. Es que el componente económico, ya sea dentro de un proceso de actualización o implementación del artículo 49 se realiza por zonas, no por predios manera individual. Ese componente individual es para validar la parte física y jurídica de un predio, por eso fue por zonas y así se construye dentro de un proceso de actualización catastral normal.
- ¿Entonces no se tuvieron en cuentas las construcciones, ampliaciones y demás?
No, dentro de este proceso solamente tenemos el componente del valor de la tierra, lo que quiere decir que cualquier valor que veamos de una construcción son valores comerciales de la época, de hace 10, 20 o 25 años, aquí el valor que se está actualizando es el de la tierra, fundamental para el desarrollo de otras políticas públicas en el país. Además este ejercicio no solo se hizo con datos del observatorio inmobiliario, tuvimos peritos en todo el departamento recorriendo zona por zona, tomando todas las ofertas de mercado, sabiendo por cuánto se compra y se vende en cada municipio.
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- Sin embargo, a la hora de pagar ¿cuánto se va a aumentar el predial?
Una vez tuvimos los valores se estableció que los avalúos catastrales iban a mantenerse en un 60% del valor comercial, que es el mínimo que nos permite la ley, aunque pueden ir hasta el 100% del valor comercial. Esta fue la decisión más conservadora y que menos podrían afectar a los ciudadanos, aún sabiendo que seguíamos por debajo de unos valores comerciales. Además, aunque el avalúo haya crecido exponencialmente el impuesto no puede crecer igual y los municipios están obligados a realizar ajustes máximo del 50% para predios menores a 100 hectáreas frente a lo que pagó el año anterior. Si es superior a 100 hectáreas si puede ser del ciento por ciento.
El reversazo
- Pero el problema es que después siguen haciéndose ajustes graduales...
Sí, pero de todas maneras es de forma escalada y no intempestiva. Lo que es claro es que esa inacción frente a los avalúos durante tantos años por no contar con los recursos suficientes o, en ocasiones, por interés político, ha llevado a que el Instituto tenga unos valores que no dan cuenta de la realidad del país y es lo que no podemos permitir.
- ¿Por qué después de todo este problema nacional, apenas la semana pasada sale una resolución para que se hagan esos ajustes de forma territorial?
De hecho, los directores territoriales tenemos la facultad para firmar cualquier acto administrativo que modifique las condiciones de los predios que están bajo nuestra jurisdicción y competencia, pero teniendo en cuenta que la resolución general fue proferida por el director general, lo que se consideró es que era para modificarlos era preciso tener una autorización del director, pues no quedaba bien visto ni técnica ni jurídicamente que pudiéramos hacerlo ante una decisión que venían en un acto administrativo nacional, pero en nuestro ejercicio diario, si encontramos que esos datos son inconsistentes con la realidad del mercado o física de los predios, tenemos la facultad para realizar dichos cambios.
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- ¿Usted puede garantizar que este fue un estudio técnico, realmente?
El problema real es la falta de actualización, porque tenemos municipios como Neira, cuyo ajustes de hasta el 17.000%, pero hablamos de zonas que traían valores de $40 mil la hectárea o $150 la hectárea, pero el IGAC no llegó a atropellar a nadie, fue un ejercicio técnico. Obviamente eso no nos va a llevar al detalle y quisiéramos poder actualizar el país entrando al componente físico y jurídico para llegar a una mayor actualización con valores más ajustados a la realidad.
Riosucio, por fuera
En el municipio de Riosucio no se hizo la actualización, ya que este proceso entró en el 2025. En Manizales se inició desde el 2021 con su propio gestor catastral Masora.
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