La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas expresó este martes (30 de diciembre) su preocupación por el decreto del Gobierno nacional que fija el salario mínimo mensual en $2 millones para el 2026, lo que representa un aumento del 23,7 % nominal, incluyendo el subsidio de transporte.

Aunque reconoce que mejorar el ingreso de los trabajadores es un principio de justicia social, advierte sobre los riesgos macroeconómicos y laborales que esta decisión podría generar en el territorio.

“El incremento puede resultar contraproducente para las metas de crecimiento formal, sobre todo en regiones donde las pequeñas y medianas empresas sostienen la economía”, señala la entidad gremial, que además recuerda que un ajuste de esta magnitud supera con creces los niveles de inflación y productividad registrados, generando presiones inflacionarias adicionales y afectando el poder adquisitivo de los hogares.

En contraste con el panorama nacional, Manizales y su área metropolitana muestran indicadores laborales sólidos.

Para el tercer trimestre del 2025, la ciudad registró una tasa de desempleo del 8,2 %, una ocupación del 58,1 % y una informalidad del 36,2 %, por debajo del promedio nacional del 55,4 %. En esta región, el 83 % del empleo formal lo aporta el sector privado y el 61 % del empleo total es generado por empresas.

En ese contexto, advierte la Cámara, un aumento desproporcionado en los costos laborales podría frenar nuevas contrataciones, congelar vacantes y tener un impacto directo en los trabajadores jóvenes y de baja calificación.

Efectos sobre la formalidad y la inflación

El nuevo salario mínimo decretado, según la entidad, puede impulsar el crecimiento de la informalidad laboral al elevar los costos que deben asumir las empresas para mantener nóminas legales.

Esto, sumado a un entorno de inflación por encima de la meta del Banco de la República, podría deteriorar aún más la capacidad de compra de los hogares.

“El impacto no se limita a los salarios. Más de 200 precios y tarifas en el país están indexados al salario mínimo, lo que implica aumentos automáticos en salud, educación, arriendos, trámites y sanciones”, destaca la Cámara, que también se une a los gremios nacionales como Confecámaras y el Comité Intergremial de Caldas, los cuales han manifestado su desacuerdo con el ajuste por decreto.

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