A Miguel lo abordó una patrulla de Policía para una requisa, en el Alto Caribe, de Manizales. Se mostró nervioso y al revisarlo le encontraron en la sudadera un arma artesanal doble cañón, calibre 38, apta para disparar. No portaba munición, ni permiso para cargar el artefacto.

Esto le valió una judicialización por porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, logró una negociación con la Fiscalía para obtener el principio de oportunidad, que es el archivo del proceso a cambio de unos compromisos.

En su caso, ofreció disculpas públicas a la comunidad por medio de una publicación en LA PATRIA. Se comprometió a no infringir la ley penal y menos repetir esos actos.

Adicional, tuvo que salir a la calle a repartir volantes en los que les explicaba a los habitantes de Manizales la importancia de no portar armas de fuego y advertirles que hacerlo da una pena que parte de 9 años. Al cumplir esto, se salvó de una pena.

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