La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exsenador caldense Mario Alberto Castaño Pérez por presuntamente inducir a varios alcaldes para que escogieran a personas afines a su estructura para la celebración de diversos contratos y obtener beneficios económicos para él y terceros.

Castaño Pérez se desempeñó como senador hasta el 7 de junio del 2022, día en el que fue capturado en el Capitolio Nacional, por lo cual no pudo posesionarse un mes después nuevamente en su curul en la cámara alta del Senado, para la cual había sido reelecto.

A mediados de junio, la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador a 15 años y 11 meses de cárcel, por ser cabecilla de la red de criminal que defraudó al erario en unos $60 mil millones, a través de la desviación de recursos de contratos nacionales, conocido como el caso de Las Marionetas. Desde el año pasado se acogió a sentencia anticipada.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que el exsenador, a través de un tercero, determinó a los alcaldes de Piendamó y Suárez, en Cauca; Samaná en Caldas y Balboa en Risaralda, para intervenir indebidamente en diferentes contratos estatales de manera que se garantizara su adjudicación, así como el posterior disfrute de los recursos que de ellos obtenían.

El organismo de control adujo que Castaño Pérez posiblemente intervino en el amañamiento y direccionamiento de los contratistas del consorcio San Miguel, para apropiarse de unos $1.500 millones, que si bien fue celebrado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres estuvo siempre bajo la directriz del grupo liderado por el exsenador.

En un tercer caso, el Ente de control explicó que el excongresista hizo que una persona miembro de su organización hiciera creer que $2.000 millones del Ministerio de Cultura se iban a destinar al desarrollo íntegro de un proyecto, y desviar $300 millones para la coautora y él mismo.

La Procuraduría indicó que en los tres casos el funcionario habría irrespetado el ordenamiento normativo y su deber de actuar siempre en defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, a la que estaba obligado por su rol y la representación popular de la que estaba investido.

La Entidad estableció que, al parecer, el disciplinable quebrantó los principios de moralidad e imparcialidad, por lo que con su presunta actuación incurrió en faltas disciplinarias y las calificó en todos los cargos de manera provisional como gravísimas a título de dolo.

El político pacoreño, quien fue expulsado por el Partido Liberal, permanece recluido en La Picota. La Corte Suprema de Justicia le negó la prisión domiciliaria.