Entre el 4 y el 5 de diciembre pasados, la JEP realizó una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas sobre los cementerios de Riosucio y Supía, sobre los que la Gobernación de Caldas, las alcaldías y otras entidades del orden nacional debían cumplir con unas obligaciones.

Sin embargo, organizaciones sociales, resguardos indígenas y víctimas se quejaron porque no se había acatado nada de lo ordenado. Por esa razón, la magistratura abrió un incidente de desacato y los mencionados contaban con cinco días hábiles para responder ante los supuestos incumplimientos.

"Los señores Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas; Marlon Alexánder Tamayo, alcalde de Riosucio, y Marco Antonio Londoño, alcalde de Supía, actuaron con culpa grave en tanto actuaron con inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime en sus actuaciones", explica la JEP en la orden emitida.

La Sala criticó que pese a que pudieron actuar de manera diligente, no buscaron alternativas para cumplir con las órdenes impartidas, sabiendo que se efectuaron múltiples requerimientos y seguimientos.

Es por esta razón, que Velásquez tendrá que pagar una multa de $3 millones 480 mil y arresto de dos días en el Comando de Policía de Manizales. Tamayo y Londoño, sanción económica de $2 millones 320 mil cada uno y tres días de detención en las estaciones de Policía de Riosucio y Supía, respectivamente.

Leo Ricardo García Sierra, secretario técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) capítulo Caldas, dijo que esto es un llamado de atención para los mandatarios entrantes y que en sus periodos de gobierno y sus planes de desarrollo vinculen el enfoque restaurativo hacia las víctimas y cumplir las órdenes de la JEP, con el fin de satisfacer el derecho a la búsqueda.

"Hacemos el llamado de que el fin último del trámite de las medidas cautelares no es impartir estos incidentes de desacato ni las medidas correccionales, sino poder brindarles el derecho a las víctimas de seguir buscando a sus seres queridos y para eso hace falta un compromiso político de las administraciones salientes y las entrantes", mencionó García.

La JEP también compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que determine si el gobernador y los alcaldes incurrieron en alguna falta disciplinaria.

Incumplimiento

De acuerdo con las organizaciones que realizaron la solicitud a la JEP, la Gobernación y las alcaldías de Supía y Riosucio no brindaron acompañamiento en la atención a 15 puntos de interés forense y se demoraron para acondicionar los cementerios para la recepción de las osamentas.