La Fiscalía General de la Nación ocupó dos bienes que serían utilizados por redes delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de menores de edad, avaluados en $11 mil millones, en Medellín.
Las medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión se efectuaron en un inmueble ubicado en el Centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, donde según investigaciones se usaban para facilitar el abuso de niños y adolescentes.
En distintos procedimientos, las autoridades encontraron que constantemente las víctimas ingresaban a estos sitios. También se obtuvo evidencia de que funcionaban como sitios de almacenamiento y venta de estupefacientes.
Policía y Ejército ejecutaron las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Las propiedades quedaron en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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