En el 2025, una denuncia interna en la Policía destapó un escándalo que involucraba al mayor Jair Alonso Saldarriaga Cuentas, natural de Bolívar (Cartagena), para entonces comandante del Distrito 4, que cubría las estaciones de la institución en el Norte de Caldas.
Uniformados lo señalaron de concusión por pedirles dinero a cambio de no trasladarnos o "encochinarlos". Por temor a su grado de mando terminaron accediendo a sus pretensiones económicos, que en los cinco casos reseñados alcanzaron los $2 millones 250 mil. No era el monto, sino la gravedad del hecho lo que generó indignación. Junto al mayor detuvieron a su conductor, el patrullero Leonardo Reyes Bedoya.
La semana pasada, ante el juzgado de Aguadas, se haría la audiencia de formulación de acusación, pero la Fiscalía y el abogado del mayor indicaron que tenían un preacuerdo. Con el defensor del otro señalado no hay por ahora negociación.
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Casos
Las víctimas son de Pácora, Bogotá, Victoria y Támesis. La fiscal recordó los hechos del 2024.
- 1. El 19 de mayo, en la estación de Pácora, le exigió $150 mil a un subintendente para no trasladarlo hacia Arauca (Palestina). Al día siguiente pagó.
- 2. El 22 de mayo, vía WhatsApp, le pidió $500 mil a un auxiliar para trasladarlo de Aguadas a su natal Pácora. El 29 pagó $200 mil vía Nequi. Y el 30, otros $100 mil. No dio más.
- 3. El 29 de mayo llamó por WhatsApp a un subintendente y le pidió $700 mil supuestamente para ser entregados a la coronel de la Policía Caldas para ese entonces. Ella nunca exigió ese dinero. El intimidado canceló el valor el 6 de junio, por Nequi.
- 4. El 3 de septiembre, de manera personal, le solicitó $800 mil a un subintendente para un supuesto bingo benéfico de la Policía. Si no pagaba le negaría descansos y le pasaría un informe negativo. El 13 de ese mes, en Aguadas, canceló la suma.
- 5. Cuando supo que lo investigaban puso a su conductor (el otro procesado) a cobrar. Así lo hizo con una patrullera a la que le exigieron $1 millón, en la Casa de la Cultura de Aguadas, para no sancionarla. No tenía ese dinero, por lo que dijeron que diera lo que tuviese. Pagó $300 mil a la cuenta de ahorros de Bancolombia del patrullero.
Proceso
LA PATRIA accedió a la audiencia. El preacuerdo del mayor con el ente acusador incluye devolverles a los uniformados el dinero apropiado mediante consignaciones individuales y pactar una pena de 53 meses: 48 por la concusión y de a mes por cada evento (5).
Sin embargo, la procuradora se opuso a esa negociación por no considerarla ajustada a derecho.
La última palabra la tiene la juez, quien dirá si aprueba o no el negocio el martes 9 de junio, desde las 4:00 de la tarde.