Un juzgado de Viterbo llevó a cabo el 20 de marzo del 2025 una audiencia de control de garantías contra un adolescente, a quien sorprendieron en flagrancia expendiendo estupefacientes dentro de su vivienda, en medio de un allanamiento.

Se ordenó la imposición de medida de internamiento preventivo por cuatro meses en la Ciudadela Los Zagales, en Manizales, según lo estipulado por el Código de Infancia y Adolescencia.

La Fiscalía solicitó la prórroga de dicha decisión hasta el 20 de agosto, y una vez terminó ese tiempo, un juzgado de Riosucio ordenó la libertad inmediata, tras la firma de un acta de compromiso.

Sin embargo, la Comisaría de Familia de Viterbo se opuso, debido a que se tramita un proceso de restablecimiento de derechos.

Violan su libertad: abogado

El abogado del adolescente estuvo en contra, al considerar que lo tenían privado de la libertad de manera ilegal, lo que vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad personal, dignidad humana, debido proceso y protección judicial efectiva.

La Defensoría de Familia de Viterbo solicitó la imposición del internamiento en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD). Aseguraba que la seguridad e integridad del menor corrían riesgo y lo que se pretendía era su protección, no la privación de la libertad.

En este aspecto, el abogado manifestó que como su cliente ya era mayor de edad, no aplicaba dicha figura y solo si el muchacho hubiera accedido voluntariamente, podría seguir internado. Optó por llevar el caso ante el Tribunal Superior de Manizales, pero no fructificó.

Ante dicha decisión, acudió a la Corte Suprema de Justicia por la supuesta violación del habeas corpus, recurso al que puede recurrir un ciudadano por considerar ilegal su privación de la libertad.

Sin embargo, el ente les dio la razón a las instancias anteriores y el pasado 4 de noviembre dejó en firme las decisiones, dado que no se halló una vulneración de derechos.

Se garantizan derechos: Corte Suprema

La Corte respaldó la tesis de que el adolescente presenta un alto nivel de vulnerabilidad personal, familiar y social, y continuar con una intervención psicológica y psiquiátrica, con un tratamiento farmacológico sería una manera de protegerlo.

Además, no está privado de la libertad, sino que se trata de un proceso administrativo. Los defensores o comisarios de Familia deben promover el restablecimiento de derechos de acuerdo con tratados internacionales.

Problemático

Se evidenció que el joven presenta problemas de comportamiento en Los Zagales, además tiene poco respeto por sus compañeros y superiores, lo que requiere de una atención integral.

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