A un hombre señalado de violencia intrafamiliar en Manizales le otorgarían el beneficio del principio de oportunidad, que es el cese de la persecución penal, a cambio de compromisos.
En su caso, se comprometía a no repetir los actos, cambiar su comportamiento, tratar con respeto a los demás, preferir el diálogo, no amenazar, ni humillar a su pareja. Adicional, adelantar un curso de prevención de la violencia de género, en la Universidad de Caldas o, en su defecto, con la trabajadora social de la Fiscalía. La afectada no pedía indemnización en este caso, solo que le repusiera el celular que le dañó contra una pared, avaluado en $1 millón 500 mil.
Por eso el ente acusador acudió ante un juzgado de garantías para pedir la suspensión del proceso contra el sujeto, mientras cumplía los compromisos.
Sin embargo, el juez negó esa posibilidad. Y basó su decisión en un documento que no aportó el ente acusador en su petición: el formato de identificación de riesgo, que es una valoración que se le hace a la afectada. En este respondió sí a preguntas sobre el señalado.
Algunas fueron: ¿Es consumidor de drogas y alcohol?, ¿es violento?, ¿es celosa y controlador?, ¿ha intentado quitarle la vida?, ¿tiene acceso a armas?, ¿la ha obligado a cambiar de casa?, ¿le ha pegado en embarazo?, ¿ha destruido cosas en peleas?, ¿le ha generado dolores o morados?, ¿lo ha denunciado antes?, ¿se ha sentido en riesgo y lastimada?, ¿se ha incrementado la violencia?, ¿cree que la mataría?
El dictamen final de ese análisis es que existe nivel de riesgo grave para esa mujer, por eso el juez consideró que no se puede renunciar a la persecución penal, pues aumentaría la posibilidad de un feminicidio.
Se debe salvaguardar la vida de la víctima. No se puede dar un beneficio si hay riesgo alto, debe priorizarse la sanción. A eso debemos sumarle que según un atención en urgencias de San Cayetano, el señalado habría golpeado además a una menor, de 9 años. El principio de oportunidad no se debe aplicar cuando hay una víctima menor, argumentó el juez de garantías.
Dijo que esperaba que la representación de victimas se opusiera a ese beneficio y fuese más juiciosa en la revisión de los documentos. "Hay que llevar hasta juicio a este sujeto. Existe algo riesgo de violencia y puede mutar a feminicidio", concluyó. El defensor del procesado apeló de la decisión.
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