José Erley Ramírez Garcés convivía hacía ocho años con una mujer y la hija de esta en un barrio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Alternaba sus labores como pastor cristiano del Ministerio Apostólico del Reino con una fábrica de arepas.

Sus vecinos lo recordaron como una persona amable, otros como un sujeto antipático. En lo que sí estuvieron de acuerdo era en la dureza con la que este trataba a su hijastra, quien tenía que ayudar en el negocio, además de irse a pie a estudiar, en compañía de otras personas.

El martes, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chinchiná lo condenó a 43 años y 6 meses de prisión por acceso carnal violento agravado y secuestro agravado, tras un preacuerdo con la Fiscalía. Lo que padecía la menor a manos de este sujeto fue una pesadilla.

Entre música y tranquilidad

En la madrugada del 29 de abril del 2025, José Erley le propuso a la menor acompañarlo en su vehículo a una finca ubicada en la vereda San Andrés, de Chinchiná, bajo el pretexto de organizar una fiesta sorpresa por el cumpleaños de su esposa.

Al pasar por el peaje de Tarapacá, el hombre detuvo el vehículo por una supuesta falla mecánica. Fue la oportunidad para someterla físicamente, la ató con cuerdas y con precintos plásticos. Le advirtió que así se asfixiaría si llegaba a pedir auxilio.

Tras llegar a la finca, la bajó del carro y la llevó a su habitación. Tras rasgar su ropa con un bisturí, abusó de ella, mientras reproducía música cristiana a todo volumen, para evitar que los vecinos se percataran de lo que ocurría.

Luego, la niña escuchó a su abusador en el momento que afilaba un machete con una pulidora, al tiempo que llamaba a su pareja para fingir que nada raro ocurría. La víctima presentía que su agresor pretendía matarla. En la parte trasera se encontró incluso un hueco en la tierra que habría cavado.

La menor aprovechó que estaba sola y sacó fuerzas para liberarse y huir por una ventana, aún con una cuerda en el cuello, la que se le enredó en el carro parqueado de su abusador. Tuvo que devolverse para zafarla y fue el momento en el que la sorprendió y la persiguió.

De perseguidor a perseguido

Los ladridos de los perros advirtieron a la gente sobre lo que ocurría. La víctima alcanzó a llegar al caserío, donde dos mujeres la socorrieron. A José Erley no le importó e intentó llevársela tirando de la cuerda.

Ante el pedido de auxilio de una de ellas, un vecino salió e increpó al agresor, lo que lo obligó a huir. Era difícil quitar las ataduras del cuello de la menor, lo que la asfixiaba. Otro ciudadano se unió, con un cuchillo lograron liberarla y cuando recobró el aire, les manifestó que había sido víctima de abuso.

Uno de ellos persiguió al pastor, quien huyó en su carro. Sin embargo, el testigo cogió su motocicleta y lo persiguió hasta que cerca de la vereda, el prófugo evadió un carro con el que estuvo cerca de chocar, cayó en una cuneta y emprendió la huida a pie.

Luego de avisar a la Policía, se emprendió la búsqueda de José Erley en límites entre Chinchiná y Santa Rosa. Lo encontraron cuando caía la tarde, escondido en una finca. Lo lincharon y tras su captura, lo enviaron a una cárcel.

Cámaras delatoras

Videos de seguridad de viviendas vecinas no solo mostraron el momento de la persecución del sujeto a su hijastra, sino también cuando ella huyó de la finca. Estos permitieron a los investigadores identificar plenamente al agresor y secuestrador.

Dominación patriarcal y machismo: Juzgado de Chinchiná

"Desde una perspectiva de género, los comportamientos del agresor evidencian una expresión extrema de dominación patriarcal y de prácticas profundamente machistas y misóginas que históricamente han subordinado a niñas y mujeres, colocándolas en posiciones de vulnerabilidad y silenciamiento.", sentenció el juez de Chinchiná.

Añadió que la forma en la que se restringió la movilidad de la víctima y mantenerla atada, así como perseguirla violentamente reproduce patrones de posesión y control típicos de relaciones de poder asimétricas, donde la figura masculina impone su superioridad.

"Tales actos no sólo violentan la integridad de la menor, sino que constituyen un reflejo palpable de estructuras sociales que permiten y normalizan la subordinación femenina, razón por la cual el Estado -a través de este fallo- debe sancionarlos con firmeza, deslegitimarlos y reconocer su gravedad como manifestaciones de desigualdad y discriminación estructural basadas en género", puntualizó.

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