Tres exfuncionarios del ICBF, en La Guajira, y cuatro particulares habrían provocado un detrimento patrimonial de $860 millones al Estado, por cuenta de sobrecostos en contratación para la alimentación de la primera infancia y madres gestantes.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, un entramado de corrupción direccionó y se apropió de la contratación destinada a la atención de personas pertenecientes a grupos étnicos y comunidades rurales en Riohacha y Manaure.

Serían tres contratos suscritos por la Seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre del 2019, cuyo objeto era la atención de población vulnerable, que incluía la alimentación, con un enfoque diferencial.

Pagos con sobrecostos

Los exfuncionarios ejercían como supervisores de contratos y habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa representaba por una acusada, sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de otros tres ciudadanos.

Según la Fiscalía, estas personas fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. En los documentos se registraro incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente los usó la representante para inflar los informes financieros y olicitar el desembolso de más dinero.

Así, se habría obtenido un detrimento patrimonial de $860 millones, por lo que una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó cargos por peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

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