La Alcaldía de Manizales condenó con firmeza un hecho de intolerancia ocurrido este miércoles (4 de febrero) en el sector de El Cable, donde un funcionario fue víctima de una violenta agresión mientras cumplía con su deber como controlador de espacio público.

El funcionario agredido es Carlos Armando Giraldo Rojas, quien le pidió a un ciudadano que trabajaba en una chaza que se retira del lugar, pues no contaba con permiso para estar ahí.

Según un comunicado de la Administración municipal, el incidente se presentó sobre las 5:59 p.m., cuando Giraldo realizaba labores de control a un ciudadano que invadía el espacio público.

"El funcionario realizaba labores de control a un costado del CAI de Policía, en el punto conocido como el Arcoíris sobre la vía, solicitó a un ciudadano que invadía el espacio público con un vehículo tipo chaza que se reubicara, porque no contaba con los permisos requeridos. Ante el procedimiento, el ciudadano reaccionó de forma ofensiva y agresiva y, sin razón alguna, sacó un arma corto punzante tipo machete con la que atacó a Carlos Armando, causándole una herida grave en una de sus manos", detalló la Alcaldía.

El comunicado enfatizó en que "este hecho constituye una agresión directa contra un servidor público que trabaja para la comunidad, sin que nada justifique la violencia, ni mucho menos el uso de armas contra quienes trabajan por el bienestar colectivo".

La Alcaldía de Manizales expresó su total respaldo a Carlos Armando, un funcionario comprometido que vive con su madre y responde por ella.

A Giraldo se le ofreció solidaridad y respaldo institucional. "A su señora madre le enviamos un abrazo sincero y la tranquilidad de saber que la Administración municipal estará atenta y presente ante cualquier situación que requiera apoyo".

En su comunicado, la Alcaldía hace un llamado a la ciudadanía a resolver las diferencias a través del diálogo y el respeto a la autoridad. "Manizales se construye desde la convivencia, la tolerancia y el cumplimiento de las normas".

Asimismo, instó a las autoridades competentes a aplicar la ley con rigor, garantizando que hechos de esta naturaleza no queden impunes.

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