El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) asestó un golpe de película contra las redes de extorsión que operan desde la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad Doña Juana, en La Dorada.

En medio de una redada nacional en 122 penales denominada Plan Democracia, diseñada para garantizar la seguridad durante los comicios de este domingo, los guardias del puerto caldense descubrieron un sofisticado método de contrabando que utilizaba la red de alcantarillado y aguas lluvias del penal.

La creatividad criminal superó la ficción. Desde el exterior de la prisión, los delincuentes ensamblaron una especie de "tren subterráneo" utilizando 34 botellas plásticas y bolsas impermeables. Las botellas funcionaban como flotadores perfectos, atados estratégicamente a 30 metros de cuerda.

Este sistema permitía que el millonario cargamento navegara por la oscuridad de los ductos subterráneos de aguas lluvias sin hundirse ni dañar los equipos electrónicos, siendo jalado desde el interior por los reclusos en uno de los puntos más vulnerables del establecimiento.

Drogas, módems y hasta licor

Al interceptar la cuerda y extraer los paquetes, los uniformados del Inpec desmantelaron una verdadera central tecnológica y de microtráfico que iba directo a los patios. El inventario oficial reportó:

• 29 teléfonos celulares y 2 módems de internet (para garantizar wifi clandestino).

• 49 tarjetas SIM y 85 accesorios (cargadores, cables, audífonos).

• 7.855 gramos de estupefacientes (casi 8 kilos de droga).

• 12 armas cortopunzantes.

• 26 litros de licor de fabricación artesanal e industrial.

• Cerca de $1 millón en efectivo.

Freno a la extorsión de "alto perfil"

Este cargamento tecnológico tenía un propósito letal: alimentar los tentáculos de la extorsión carcelaria. Voceros oficiales del Inpec confirmaron la gravedad del hallazgo: "En La Dorada tenemos unos delincuentes de alto perfil que se han dedicado a la extorsión y encontramos que en el alcantarillado, a través de unas cuerdas, ingresaban celulares".

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades, identificar qué internos esperaban el millonario envío al final del ducto y reforzar el perimetral para evitar que las aguas lluvias sigan siendo un canal de la criminalidad en el Magdalena Medio.

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