Un hombre, de 48 años y natural de Bogotá, enfrenta cargos por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, por agresiones que cometió supuestamente contra su pareja sentimental, en La Dorada.
Sin embargo, las demoras en una decisión del Tribunal Superior de Manizales frente a la aprobación de unas pruebas han tomado más de lo esperado, y por eso, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal del puerto caldense debió ordenar su libertad.
Ataques a golpes y sexuales
De acuerdo con lo que denunció la víctima, ellos sostenían una relación sentimental desde octubre del 2023 y empezaron a convivir en un mismo hogar en febrero del 2024. En noviembre, mientras estaban en un hotel, cometió los ataques.
La Fiscalía narró que durante tres días, el señalado obligó a la mujer a sostener relaciones sexuales. Cuando le decía que no quería, la golpeaba y la sometía a su voluntad, hasta que la víctima pidió ayuda y el agresor huyó.
A la afectada la trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica y se comprobó que sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo. Pese a eso, la siguió buscando, le dañó la moto y luego la mordió, además le dijo que si la veía con otro hombre, la mataría.
Captura y libertad
El 30 de enero del 2025 se llevaron a cabo las audiencias de control de garantías y se ordenó la reclusión del sujeto en un centro carcelario. Sin embargo, los aplazamientos llevaron a que se superaran 240 días entre el día de la acusación y el juicio oral, por lo que la defensa pidió la libertad por vencimiento de términos.
Esto, debido a que tras la audiencia preparatoria, en octubre del 2025, el Juzgado negó la valoración de unas pruebas aportadas por la Fiscalía, por lo que el caso pasó al Tribunal Superior de Manizales, sin que a la fecha se haya decidido.
Tras la petición de la abogada del acusado, el pasado 24 de marzo, el representante del ente acusador sostuvo que ante la alta congestión judicial, no se ha podido dar una decisión de segunda instancia, y por eso quedó libre.
Sin embargo, también por pedido de la defensa de la víctima, el juez ordenó medidas de protección y el presunto victimario no puede acercarse ni entablar ninguna conversación con la denunciante.
La pena
El señalado se enfrenta a una pena de prisión de 16 años. Presenta antecedentes por homicidio culposo. Esto no quiere decir que el acusado sea culpable, sino que será un juez de la República quien determine su responsabilidad.
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