Foto | Freddy Arango | LA PATRIA
Durante el lunes, los defensores públicos cesaron actividades en protesta por el recorte presupuestal, el que desmintió el Gobierno Nacional.
Ellos son los encargados de defender a víctimas y a procesados ante la justicia sin cobrar. Son a quienes por derecho pueden acudir los ciudadanos en Colombia, pero hoy aseguran que les recortaron el presupuesto, situación que el Gobierno Nacional niega.
Carlos Alonso Ruiz Agudelo, representante en el Eje Cafetero de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de la Defensoría del Pueblo (Asemdep), contó que dos situaciones especiales motivaron a los cerca de 5 mil empleados en Colombia a cesar actividades este lunes y protestar.
En Manizales se reunieron a las afueras del Palacio de Justicia. Calificó como arbitraria la decisión del Ministerio de Hacienda de no pagar los honorarios de diciembre, ya que laboraron de manera normal, y también la pérdida de poder adquisitivo que han tenido.
"Los contratos de prestación de servicios no se incrementan anualmente, lo que implica que un defensor público que hace 8 o 10 años llegó a la Defensoría con un contrato de prestación de servicio sobre los 7 salarios mínimos legales vigentes, hoy está con un contrato de prestación de servicios de casi 3", reclamó Ruiz Agudelo.
De ahí se desprende la preocupación para que se cree el cargo de defensor público, se garantice la calidad de vida y una pensión digna, de quienes se encargan de velar por los derechos de quienes no tienen recursos.
Leandro Castaño, defensor público del área penal, también rechazó las condiciones actuales de su labor, pues tanto funcionarios municipales como del circuito no cuentan con prestaciones sociales, han perdido la capacidad económica gradualmente y en los últimos 20 años solo han tenido 3 aumentos que no superan el 6%.
"No estamos en ninguna planta de personal, no tenemos centros de servicios, oficinas, plataformas tecnológicas que nos ayuden a administrar. Tenemos una Defensoría a nivel nacional que tiene un centro de prueba para los investigadores judiciales a nivel regional, pero eso no es suficiente para nosotros representar", explicó el abogado.
En Caldas hay 94 defensores públicos y según los cálculos, les corresponden cerca de 140 procesos, tampoco disponen de asistentes y les toca remar solos, por lo que la protesta es el camino para abrir el debate nacional y obtener una nivelación salarial.
"Este Gobierno Nacional Rapazmente le quita los recursos a la Defensoría Nacional, como $60 mil millones para entregárselos a otras entidades, cuando aquí realmente no hemos tenido ningún tipo de remuneración justa. Estamos solicitando la intervención a nivel legislativo, clara, diáfana", expuso Castaño.
Hacienda dice que hay desinformación
Jorge Coronel López, asesor del Ministerio de Hacienda, contó que tras una reunión efectuada este lunes, se aclaró a los representantes de la Defensoría que no ha habido recorte y se trata de una información errada y la desinformación que circula en el país.
También dialogaron sobre la necesidad de una nivelación salarial, ante la inferioridad que se siente frente a otros, pero esto corresponde a asuntos estructurales del Estado que ha tomado decisiones durante los últimos 30 años que dificultan, no solo pasar del abuso con la prestación de servicios, sino también para ampliar la planta de personal.
Coronel López contó que como consecuencia de una deuda de $22 billones que adquirió el gobierno anterior con el FMI por pandemia, se debía pagar en ocho cuotas entre el 2024 y el 2025.
Sumado a eso dijo que está el fondo de estabilización que llevó al país a adquirir otro compromiso por $76 billones, obligó a subir el valor de la gasolina durante 13 meses, situaciones para apretarse el cinturón.
Concluyó que ante esto y las obligaciones con el Sistema General de Participación, es difícil pensar en ampliar la nómina y tras obtener el cargue de la información de la Defensoría, este miércoles se estarían girando los recursos correspondientes a los honorarios, lo que estaba establecido en un decreto.
Audiencias mensuales
Los defensores públicos sostienen que mensualmente acuden a unas 50 audiencias, lo que representa un pago aproximado de $80 mil por cada una.
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